En el contexto nacional, si le preguntamos a cualquier cubano donde cree deben concentrarse los esfuerzos de la nación para salir de la crisis económica que nos agobia, amén de los factores externos que nos limitan en extremo cualquier solución en el corto plazo, seguro escucharíamos dos elementos como factor común en las respuestas: la alimentación y la energía…

En ello se centran las prioridades que para cualquier cubano, sin tener mucho título universitario, ni responsabilidad política o administrativa, son decisivas hoy, porque es lo que indudablemente más afecta en el día a día. Mucho más que el transporte, o la cobertura de salud, o la disponibilidad de material escolar; aspectos también que gravitan como espada de Damocles sobre la cabeza del ciudadano y le complejizan la vida.

En el año 1993, el año más complejo del período especial, donde la economía cubana tocó fondo cayendo su Producto Interno Bruto más del 36%, la dirección del país enfocó la recuperación en dos direcciones principales: la producción de alimentos y la revolución energética. Ambos programas han sufrido los últimos 10 años limitaciones en su desarrollo y continuidad.

Falta de previsión, políticas económicas dirigidas a otros sectores, falta de financiamiento para encausarlos, crisis económica agravada por los efectos de la COVID y las medidas extraterritoriales del bloqueo: esos pueden ser los motivos; no me corresponde enjuiciar ni valorar, solo analizar a partir de la realidad objetiva de hoy, y es algo en lo que estarían  de acuerdo conmigo la mayoría de los cubanos, que se requiere una mirada diferente hacia la producción de alimentos y la generación de energía en el país.

Normativa jurídica para acotar el uso de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía.

Un primer paso vinculado al segundo tema, la generación de energía eléctrica, se ha dado recientemente con la publicación del Decreto 110 del Consejo de Ministros, que establece regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y la fuentes renovables de energía. Normativa jurídica que sale a la luz justo en medio de dos desconexiones del sistema electro energético nacional, la ocurrida el 18 de octubre y la más reciente en la madrugada del cuatro de diciembre. Es por ello que conocer adecuadamente lo que en materia de energía se norma, es una necesidad.

La nueva normativa jurídica publicada el pasado 26 de noviembre en la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el Decreto 110 del 2024, del Consejo de Ministros, sobre las regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía. Un decreto aplicable a toda la actividad económica, el sector de la administración pública y todo el sector empresarial, tanto el estatal como el privado, incluyendo las empresas mixtas, las empresas estatales, las Mipymes, Cooperativas y emprendedores individuales, los TCP. Por ende, es una norma que se aplica de forma pareja para todo el que participa de la economía.

Algo que pone en igualdad de condiciones a la empresa estatal y al sector privado ante el consumo energético y el control de los portadores económicos. Recordemos que, hasta ahora, la empresa estatal ha estado más afectada y controlada que el sector privado, limitando sus posibilidades de competir contra el nuevo sector emergente que, sin regulaciones ni limitantes, hacía uso de la energía. Mientras que a una empresa estatal le exigíamos parar en horario pico, no funcionar y con ello afectar su producción y a sus trabajadores, el sector privado seguía produciendo en ese horario sin restricciones.

Una preocupación que ha surgido a tenor con la norma es el relacionado con los altos consumidores. Establece la normativa que: Altos consumidores de portadores energéticos son aquellos actores económicos estatales y no estatales, modalidades de inversión extranjera y formas asociativas que consumen en los últimos 12 meses del año anterior un promedio mensual igual o mayor a los 30 MWh o 50 000 litros de combustibles. Hay quien ha pensado que se afecta el consumo de su vivienda y aclara la norma que es solo para entidades del sistema empresarial privado y estatal, empresas mixtas y administración pública, no para el sector residencial. Por otro lado, en una vivienda se consume por lo general entre 200 y 800 KWh, nunca llega a 1 MWh, mucho menos a 30 en un mes.

Se definen igualmente los horarios picos. Son los horarios dentro de 24 horas del día en los que hay un marcado incremento de los valores de la demanda, por la coincidencia de actividades. Hay dos muy identificables: El diurno comprendido entre las 11 a.m. y la 1 p.m. y el nocturno comprendido entre las 5 y las 9 p.m. esos son horarios hacia los cuales se dirigen las mayores regulaciones en el Decreto, intentando con ello proteger al sector residencial, pues es el horario en que mayor actividad se realiza en las viviendas.

El Decreto establece las posibles violaciones en el control y uso de los portadores energéticos y de la electricidad, aspectos que se van a controlar y evaluar periódicamente. Para ello se definen también un grupo de medidas a aplicar a los violadores, separadas en cuáles aplicar al sector estatal y cuál al sector privado, incluyendo las empresas extranjeras radicadas en el país.

Una mirada hacia y desde el exterior

Esto es algo que ocurre en todo el mundo, no sólo Cuba establece normativas para el control y uso de la energía. España, por ejemplo, ha tomado diversas medidas para enfrentar la crisis energética que van desde lo macro a nivel de gobierno hasta lo doméstico, de hecho, en junio de reciente aprobaron extender un paquete de medidas, aprobadas a inicio de año, hasta diciembre. En 2022 la Unión Europea revisó la legislación sobre eficiencia energética elaborada cuatro años antes en un intento por mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones de gases contaminantes. En medio de una crisis global, todos buscan proteger este renglón vital en la economía.

Si tenemos en cuenta que para Cuba la situación se agrava con la incidencia del bloqueo, el incremento de los precios de los combustibles y el poco acceso al mercado de piezas de repuesto; tomar medidas desde el punto de vista organizativo y legal es una necesidad. El Decreto es mucho más amplio de lo que pudiéramos explicar aquí, es importante que aprovechando las virtudes del acceso a internet todos puedan descargar la gaceta oficial y leerlo, estando al tanto así de lo que realmente establece.

Sin conocerlo, se puede caer en la trampa de quienes han manipulado en las redes los elementos de este Decreto Ley, haciéndolo ver como un atentado a la tranquilidad y que exacerba la compleja situación que atraviesa el país. Eso solo son malas interpretaciones, intencionadas o no, que pueden confundirlo.

La importante norma jurídica, que a todas luces busca preparar al país para alcanzar antes de 2030 más de un 24 por ciento de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, ha sido presentada de la peor manera posible en los medios enemigos de Cuba. Han querido hacerlo parecer muy malo. Si se siguen las redes de los odiadores cubanos afincados en la Florida, todo lo que se encuentra sobre el citado Decreto son tergiversaciones.

La más común: afirmar que el Gobierno cubano ha decretado apagones de 72 horas continuas o que ha trasladado a los actores económicos la responsabilidad con los planes de incremento de la energía renovable. Lo cual es falso, sencillamente una de las medidas propuestas para los altos consumidores en el sistema estatal o privado que violen o se excedan en el consumo es interrumpirle el servicio por 72 horas a la entidad violadora, no apagones por ese tiempo para todo el país o territorio.

Como también es falso que se obliga a todos los actores económicos a buscarse fuentes de energía renovable como puedan. Todo lo contrario, lo que sí se ha anunciado es el aumento de las importaciones de paneles solares para que, en los próximos tres años, los altos consumidores los adquieran, instalen y hagan empleo de esa energía limpia en el pico diurno, liberando carga de la generación térmica para quienes no disponen de recursos para hacer la inversión.

Sin dudas, son pocos los que leen una norma tan exhaustiva de manera íntegra, así que se necesitan explicaciones adicionales que corresponde dar a los expertos en los medios oficiales. Pero no es nada complicado entender de qué va el Decreto. Independientemente de ello se requiere mayor comunicación institucional, mayor participación de los medios, para que todos estemos al tanto de lo que establece.

Toda norma jurídica que se establece encuentra detractores y personas a su favor, eso es lógico y hasta necesario pues la contradicción ayuda al desarrollo según aprendimos de las leyes del desarrollo enunciadas por Lenin; sobre todo en las condiciones de Cuba, en que toda norma tiene por un lado cientos de teclados asalariados esperando que salga para disparar veneno sobre ella y por otro lado a millones de cubanos esperando ver qué beneficio real aporta.

El 5 de diciembre, una nueva norma se ha puso en el colimador de uno y otro bando, la Gaceta Oficial No. 119 publicó la Resolución 56 del 15 de octubre de 2024 de la ministra del Comercio Interior, que establece el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista por los actores económicos no estatales.

Esta resolución es consecuencia del Decreto 107/2024, “De las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia”, que en su disposición transitoria mandata a la titular del MINCIN a emitir las disposiciones correspondientes, a fin de implementar las regulaciones referidas a la actividad de comercio.

Debemos primero tener noción a qué responden estos términos. En la literatura existen varias definiciones del comercio mayorista y minorista, la principal diferencia radica, en el tipo de cliente que atiende. El comercio minorista vende al consumidor final directamente, la población. El comercio mayorista de producciones nacionales o importadas va dirigido a entidades comercializadoras minoristas o mayoristas, consumidores industriales e institucionales y personas naturales autorizadas; es el intermedio entre el productor y el consumidor final. En la resolución de marras queda claro entonces que todos los actores económicos no estatales pueden realizar la actividad de comercio minorista, siempre que esté aprobado en su objeto social o proyecto, y cuenten con la licencia comercial para ello. Así que ese no es tema de discordia.

Cómo queda el comercio mayorista en el sector privado

El ordenamiento de la comercialización mayorista se realizará de manera gradual. Para ello, deben reelaborar los objetos sociales de las entidades privadas (MiPymes o Cooperativas) que tienen como objeto principal la comercialización mayorista, porque ahora solo podrán realizarlo dirigido hacia entidades comercializadoras estatales, para ello tienen un plazo de 90 días para ratificar que continúan realizando la actividad, dirigida ahora hacia la las empresas comercializadoras estatales. De no decidir continuar con la actividad de comercio mayorista, modifican su objeto social y tienen un plazo de 120 días para liquidar sus inventarios.

Eso es para las entidades privadas que tienen esta actividad como objeto principal. Las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias cuya actividad secundaria incluyan el comercio mayorista, disponen de hasta 120 días hábiles a partir de la emisión de la Resolución, para la liquidación de su mercancía dedicada al comercio mayorista. Pueden comercializar de forma minorista esta mercancía, siempre que lo tengan definido en su objeto social y posean licencia comercial para ello. Es decir, si lo tiene en el objeto secundario, no puede seguir ejerciendo el comercio mayorista. Para realizar la comercialización mayorista, se requiere modificar su objeto social, definiendo como actividad principal el comercio mayorista con participación de entidades estatales, según los procedimientos establecidos.

El trabajador por cuenta propia que actualmente realiza comercio mayorista, dispone de hasta 120 días hábiles para la liquidación de las mercancías con esta finalidad; puede continuar la comercialización minorista, de tenerla aprobada en su proyecto de trabajo y estar inscrito en el Registro Central Comercial. Pero el TCP no podrá ejercer el comercio mayorista.

Por otra parte, los actores económicos no estatales que son productores, podrán realizar la comercialización mayorista de sus producciones a personas naturales y jurídicas, previa obtención de la licencia comercial, donde se especifica esta actividad. Quedando claro que no pueden comercializar de forma mayorista otros productos nacionales o importados, sólo sus producciones.

También pueden comercializar de forma minorista sus producciones u otros productos nacionales e importados, si lo tienen aprobado en su objeto social o proyecto, según sea el caso y posean licencia comercial.

La norma enuncia posibles beneficios para las entidades privadas que dirijan su comercio mayorista hacia las comercializadoras estatales. Permitirá a los actores económicos no estatales utilizar infraestructura, transporte y experiencia comercial. Se dice que contribuye, además, a la disminución de los costos de transportación y almacenamiento, impactando en los precios minoristas de los productos con destino a la población, así como que el ordenamiento del comercio mayorista y minorista propicia alianzas de trabajo y encadenamientos productivos entre los actores económicos estatales y no estatales; y favorece la protección al consumidor desde la contratación. Pero en estos posibles beneficios es donde comienzan las dudas de muchos.

El encadenamiento productivo entre el sector estatal y privado, en el proceso de producción de bienes y servicios tiene claros ejemplos de eficiencia y de ser una necesidad plausible. Sin embargo, en este proceso de contratación para la comercialización mayorista juegan otros problemas: se contratará con las comercializadoras estatales, las mismas que tienen graves problemas de financiación y eficiencia en su gestión, las que enfrentan problemas de transportación y deficiencia en sus flujos de almacenes.

Un ejemplo claro es la dificultad que se enfrenta para el movimiento de la canasta básica, pues estas comercializadoras no podrán disponer de autogestión para acceder al combustible que necesitan ahora que su cadena de suministros se puede cuadruplicar ¿Estará el Estado en capacidad de asignar los recursos que necesita la comercializadora mayorista para asumir este mercado?

Por otro lado está la capacidad de almacenamiento, la capacidad de frío para cárnicos y congelados y las claras manifestaciones de corrupción acumuladas durante años en este tipo de organización, sin contar los innumerables casos de impagos a suministradores.  Son solo detalles.

Algo no cuadra camino al monopolio natural de los servicios

A raíz de estos detalles muchos cuestionamientos surgen y otras interrogantes se suman a una experiencia que no ha sido buena, ejemplos como los de Acopio y la Empresa Mercados de la Habana por si solos lo evidencian. Es por ello que la población, los propietarios de MiPymes, y cualquiera con mínima capacidad de análisis económico mantiene su escepticismo.

Se interpretan restricciones al Comercio Mayorista, ya que la resolución permite solo a un grupo muy reducido de actores económicos que sí mantendrán su licencia comercial mayorista y a MiPymes y cooperativas productoras participar en el comercio mayorista creando un monopolio. Esto afecta también la competencia, y podría disminuir la oferta, la innovación y la calidad de los productos. Se cree que impacte en Oferta, Demanda y Precios; porque ante una salida en estampida del mercado de los vendedores mayoristas privados, que desde hace un año se han hecho responsables de la importación de alimentos y otros productos esenciales, se provocaría una disminución en la oferta y una menor disponibilidad de bienes en el mercado minorista puede aumentar los precios, afectando principalmente a los más vulnerables y aumentando la desigualdad social.

La resolución refuerza el control estatal. Conduciría esto a un monopolio natural de los servicios, en este caso de servicio de venta mayorista, y no siempre los monopolios naturales de los servicios son positivos. Se limitaría con ello la capacidad de MiPymes y otros actores económicos privados para negociar precios y al reducirse la competencia, se podría reducir la eficiencia e innovación del mercado. Las importaciones dependerían de lo que consideren las Mipymes a partir de lo que esté en capacidad de contratar la comercializadora, se reducirían las importaciones que hoy abastecen de productos esenciales, fundamentalmente alimentos, el mercado minorista doméstico, esto es crítico ya que, en un contexto de restricciones económicas y sanciones internacionales, depender más de importaciones puede incrementar las vulnerabilidades de la economía cubana.

Además, esta dependencia puede afectar la balanza comercial del país, empeorando los problemas de deuda externa y limitando las reservas de divisas. Una mayor dependencia de importaciones significa que cualquier interrupción en el suministro global puede llevar a una escasez significativa de productos esenciales en el mercado cubano, exacerbando la crisis económica, social y política.

La cancelación de licencias y la exigencia de actualizaciones pueden crear incertidumbre y desincentivar la inversión. Mantener la seguridad y confianza en las empresas y las inversiones es crucial en el contexto cubano. Sin esta seguridad, tanto los inversores nacionales como extranjeros se muestran reticentes a invertir, lo que afecta directamente el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo sostenible. La falta de confianza en el marco legal puede llevar a una fuga de capitales y a una menor inversión en sectores claves. Esto último ha estado pasando ya antes de la resolución, hacer dinero durante un año o dos en las MiPymes o proyectos de Desarrollo local y después irse con el capital acumulado es algo que ya pasaba. Cuando lo que debemos es incentivar la inversión en casa. La medida pretende convertir a los actores no estatales en clientes cautivos de las empresas públicas mayoristas, eliminando la competencia y creando monopolios. Esto podría resultar en un aumento de precios, ya que los monopolios suelen tener menos incentivos para mantener los costos bajos y mejorar la calidad, lo que afecta negativamente al consumidor.

Otras consecuencias no previstas

Hay dudas sobre la efectividad de una cadena de liquidez estatal-privada que involucra divisas y moneda nacional. El propio hecho de trabajar con tres tasas cambiarias dentro de la economía, una tasa de 1×25 para algunas operaciones, de 1×120 para otras, frente a una tasa real en el mercado (aplicada incluso por las cadenas estatales de tiendas en MLC) de 1x +300 es un problema. Eso sumado al historial de impagos y falta de cumplimiento de acuerdos financieros puede llevar a una mayor incertidumbre y riesgo para el empresario privado, exacerbando la crisis económica y la falta de liquidez en el sector. De mantenerse la ineficiencia financiera que ha caracterizado la empresa estatal, el sector privado podría enfrentar problemas para recibir los pagos a tiempo, lo que afectaría su capacidad para mantener operaciones estables y pagar a sus propios proveedores y empleados, creando un ciclo de inestabilidad financiera. Además, la inflación en un contexto de escasez crónica suele ser resistente a las políticas tradicionales de contención, ya que los precios son impulsados tanto por la falta de oferta como por la desconfianza en la estabilidad económica.

Hay otras causas subyacentes directas de la inflación, como la falta de producción local, el escaso proceso inversionista en la industria manufacturera y la dependencia de importaciones, que pudieran menospreciarse más aun exacerbando con ello los problemas.  Es por eso que el efecto antiinflacionario de estas medidas es discutible, parece más una medida política para aumentar el control estatal sobre el comercio mayorista y el mercado y no una medida económica. Por ello el efecto pudiera ser contrario, mayores precios y aumento de la inflación. Sin contar que se pueden trasladar las ventas al mercado informal, algo para lo cual se ha demostrado que estatalmente no se cuenta con las herramientas para evitarlo ni atacarlo.

En resumen, es una resolución que surge en medio de un cierre anual donde se termina el peor de los últimos 30 años económicamente hablando. Que no deja claro algunas inquietudes como las reflejadas anteriormente u otras relacionadas a la moneda en que se realizarán los pagos o la tasa cambiaria que se tendrá en cuenta para las operaciones, cuáles son las empresas comercializadoras mayoristas estatales que asumen la contratación, etc.

Cuba enfrenta una crisis económica, social e institucional con estancamiento y recesión económica. Mantener la seguridad y libertad en las empresas y las inversiones es crucial en este contexto. Mostrar estabilidad y confianza en la legislación y en los negocios es una necesidad. Sin esta seguridad, tanto los inversores nacionales como extranjeros se muestran reticentes a invertir, afectando directamente el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo sostenible, conduciendo todos a la mejora de la calidad de vida. La falta de confianza en el marco legal puede llevar a una fuga de capitales y a una menor inversión en sectores clave, y peor aún, a que falten más los productos en el mercado doméstico.

Al cierre del día 30 de noviembre, casi un mes después del paso arrasador de Rafael por la geografía artemiseña, aún se computaban daños. El sector agrícola, motor económico de la economía en la provincia, ilustraba afectaciones en todos los cultivos: se reportaron afectadas 16 mil 99 hectáreas de cultivos, de ellas, 7 mil 980 de plátano, 2 mil 863 de yuca, 1582 de frutales, 857 hectáreas de hortalizas, 729 de arroz, 641 de maíz, 613 de frijol, por solo mencionar algunos de los productos que aseguran la dieta diaria de artemiseños, y una parte importante de los residentes en la capital.

El tabaco y  su producción de capas para la exportación también se verá limitada en el en el presente y el futuro, producto de que 104 hectáreas del cultivo fueron dañadas. El café, una producción que no ha logrado sostenerse financieramente, ahora sufre afectaciones en 357 hectáreas, lo cual indudablemente atrasará y limitará la cosecha en una empresa cafetalera con graves problemas de financiamiento y solvencia económica.

Afectación financiera, más allá del desastre físico.

Algunas cuentas sencillas, sin profundizar en costos reales, nos conducen a calcular en multimillonarias las pérdidas ocasionadas por este evento meteorológico en la provincia. Para ilustrar les propongo tomar un producto, el plátano: por cada hectárea de plátano afectada, se dejan de producir aproximadamente 50 toneladas del producto, usando como referencia los índices de producción de una hectárea de plátano cultivada por el sistema de cultivo extra denso que debe dar entre 50 y 80 toneladas. Tomando como referencia la cifra menor, 50 toneladas, se perdieron por lo menos 395 mil toneladas de plátano, amén de las que pudieron recuperarse sin estar a punto de maduración para la cosecha.

Para nadie es un secreto que la libra de plátano oscila alrededor de 50 pesos en el mercado. Supongamos que, entre intermediario, acopio y otros, de cada libra retorne a quien produce unos 30 pesos, sacando cuentas 395 mil toneladas son 790 millones de libras, por los 30 pesos que debe llegar al productor por cada libra, son 23 mil 700 millones de pesos invertidos que no retornan a su destino. No voy a cuestionar el tamaño de las cifras, solo hago el análisis a partir de la información que brinda la agricultura y, 23 mil 700 millones de pesos en un solo producto es una cifra para respetar.

Un análisis similar con la yuca, 2 mil 800 hectáreas afectadas, con un rendimiento entre 10 y 20 toneladas por hectárea, usando una cifra media de 15, digamos que se dejaron de producir unas 42 mil toneladas. Si usamos el mismo método de análisis que para el plátano, unos 25 pesos por cada libra de yuca vendida deben retornar al productor, unos 84 millones de libras que representan 2 mil 100 millones de pesos.

Toco este tema de los montos de dinero que se dejan de recibir por los productores, porque esos ingresos no solo van a las cuentas de quien produce, tributan, o tributaban, al presupuesto del Estado mediante los impuestos establecidos, al salario de los trabajadores, y respondían, en muchos casos, a créditos agrícolas que se debían de reponer a los bancos. No es solo el fenómeno del huracán, es las consecuencias en el orden monetario financiero que arrastran para la economía de la provincia, de cada municipio en particular y hasta de la economía doméstica, la cual verá disminuidos sus ingresos y la capacidad de compra de los salarios al incrementarse los precios en el mercado ante la falta de estos productos por un tiempo.

La alimentación de los habitantes del occidente cubano, fundamentalmente la capital y la propia Artemisa, dependen de estas producciones, muchas de ellas tenían prevista su cosecha entre diciembre y enero, por lo que de recuperarse y resembrar las tierras se requerirán más de 10 meses en el caso de la yuca, el plátano y la malanga para volver a cosechar. Es por ello que se demanda contar con insumos suficientes para, entre diciembre y enero, a tenor con la etapa de seca que inicia, sembrar productos de ciclo corto que minimicen la falta de alimentos agrícolas.

Otros costos no agrícolas

En la actividad energética, Rafael afectó al 100 por ciento de los clientes de la empresa eléctrica en Artemisa, tanto en el sector residencial como el estatal. Al cierre del 30 de noviembre 195 mil 645 clientes, de los más de 204 mil en la provincia, ya tenían restablecido el servicio, para un 95.7 por ciento. A ello le sumamos la afectación en seis torres de alta tensión que distribuyen la electricidad al extremo occidental de Cuba.

Si de costo en este sector hablamos, aquí han existido gastos millonarios para el presupuesto del Estado: la sostenibilidad de casi 50 brigadas de todo el país trabajando a tiempo completo durante casi un mes, los insumos y equipos utilizados en la recuperación; baste decir que un poste para electricidad cuesta en el mercado internacional entre 60 y 80 euros, unos 7 mil 200 pesos en moneda nacional. Durante este evento se afectaron 2 mil 895 postes, ello implica un costo de 20 millones 800 mil pesos. Ello sin contar 826 transformadores dañados y los cientos de kilómetros de líneas, imposible recuperar, que hubo que reponer.

En el sector de la telefonía por su parte, se afectaron 22 mil 710 clientes, se dañaron 75 líneas de fibra óptica, dos torres y una antena. Así mismo se afectaron 738 postes telefónicos.

En la esfera social, 228 instituciones de educación fueron afectadas, el 60 por ciento del total, limitando la continuidad del curso escolar casi 15 días. En la salud pública, las malas vibras de Rafael afectaron 232 instalaciones, incluyendo todos los hospitales, siendo los de Artemisa, San Antonio y el pediátrico de Guanajay los más afectados.

Las instalaciones deportivas no quedaron inmunes, 49 de ellas fueron afectadas en toda la provincia con mayor incidencia en el cuartel de los Cazadores, el estadio “26 de julio”.  La cultura por su parte sufrió daños en 60 de sus 107 instalaciones. Instituciones que dependen del presupuesto del Estado para su recuperación, un presupuesto deficitario en una provincia que no logra superávit ni a nivel municipal ni provincial.

La recogida de desechos

Para tener una idea de los altos costos que ha implicado el huracán Rafael, hagamos una mirada hacia la recogida de desechos vegetales y escombros. Durante varios días, y aun vemos algún que otro árbol caído por ahí, se trabajó en la limpieza, empezando por las principales vías. Un estimado al cierre de noviembre hablaba de 302 mil 71 metros cúbicos de desechos recogidos, más de 250 equipos entre camiones, cargadores, alzadoras, tractores con carretas participaron en la recogida. 300 mil metros cúbicos  a un promedio de 14 metros cúbicos por camión, aunque sabemos que los tractores con carreta tienen menos capacidad, pero… buscando datos aproximados para sacar cuentas, nos dice que hicieron falta casi 22 mil viajes, si cada viaje tuvo un destino de unos 5 kilómetros hasta el lugar de depósito, son 10 de ida y vuelta, con un índice de 2 kilómetros por litro, estamos hablando de casi 110 mil litros de diesel solo para la transportación de los desechos.

Todo ello con un costo del combustible según precios actuales, por lo que el gasto, solo en este portador es de aproximadamente 14,5 millones de pesos. Sin contar el de los equipos de carga, que también son altos consumidores. Solo la recogida de desechos se monta en más de  20 millones de pesos.

Me he detenido en algunos datos para que tengamos idea, para que podamos entender en toda su dimensión, el costo de este huracán para la economía artemiseña, miles de millones de pesos en producciones perdidas, gastos en la recuperación, gastos por hombres días vinculados a la reparación de los daños. Es como hipotecar el presente y el futuro inmediato en una provincia, que en medio de la actual crisis económica, ha tenido que sacar de donde no hay.

La vivienda

No me he detenido en los gastos vinculados a infraestructuras habitacionales. Más de 21 mil viviendas afectadas, siendo los municipios de Mariel, Alquizar, Artemisa, Caimito, Candelaria y Bahía Honda los más maltratados. De estas afectaciones; 1 397 se corresponden con viviendas en derrumbe total, 2 mil 214 derrumbes parciales, 3 mil 533 techos totales y 13 mil 885 parciales de techo. Para estas personas damnificadas se establecieron las oficinas de trámites en cada consejo popular existiendo varias vías para el pago de los recursos.

Imaginemos cuánto cuesta construir hoy una vivienda con los altos precios de los productos. En momentos en que prácticamente está paralizada la producción de cemento en el país, las empresas de materiales de construcción incumplen sus planes por falta de cemento y portadores energéticos, es prácticamente nula la producción de cubiertas ligeras por las mismas causas, y dependiendo de importaciones, lo que encarece la recuperación.

Ante estas situaciones extraordinarias, el Estado asume el 50 por ciento del costo, subsidiando ese monto desde su presupuesto. El otro 50 por ciento corre a cargo de las personas que pueden pagar en el momento, recurrir a créditos bancarios si no cuentan con el dinero, mientras que otros que no pueden ni respaldar el crédito, lo asumen por la seguridad social. Estamos hablando de gastos millonarios también para el Estado, desde que subsidia el 50 por ciento hasta lo que asume por la seguridad social. Otra prueba más de que, a pesar de la compleja situación económica, no se deja a nadie desamparado.

Ha sido un duro golpe para Artemisa. Los efectos de los daños de Rafael se verán por meses, porque ni la agricultura, ni las instalaciones, ni las viviendas se recuperan en un día.

Solo queda confiar y trabajar duro.

Cientos de puntos de venta mayorista y minorista se han abierto, los transeúntes no pueden ni pasar por las aceras; porque los parles de cerveza Parranda y cerveza extranjera, de refrescos de importación, de alimentos enlatados o en bolsas importados, pastas de todo tipo y cárnicos enlatados que no veíamos desde la etapa de la abundancia en los años 80 provenientes del otrora campo socialista; inundan los espacios públicos y privados.

Por supuesto, esta aparente abundancia mantiene altos precios inaccesibles para el cubano común, para usted y para mí, porque mientras el precio de una cerveza o de un paquete de espaguetis supere el salario medio diario de un cubano, estos productos seguirán siendo inalcanzables para médicos, maestros, economistas, pedagogos, psicólogos, ingenieros, técnicos, trabajadores administrativos, funcionarios de los organismos de la administración central del Estado; profesionales que se han mantenido contra viento y marea en el sector estatal.

No voy a detenerme en la relación que existe entre un salario medio formado contra una tasa de cambio de 1×25 y una oferta de bienes y servicios financiada a una tasa de cambio de 1×300 o más. Eso es harina de otro costal. Ni mucho menos en los salarios medios en empresas privadas, que aseguran buenos profesionales pagándoles entre 50 mil y 100 mil pesos (casi siempre en negro), un mercado laboral que gravita sobre esos precios astronómicos de los productos en oferta.

Esta oferta que pulula en nuestras calles, que ha hecho que muchas empresas privadas obvien su objeto social de producir bienes y servicios y se dediquen solo a la compraventa de mercancías –al meroliqueo como decimos los cubanos– aunque parezca que resuelve problemas, crea distorsiones (mira que intento no usar la palabrita) en la economía.

Estas distorsiones son derivaciones de una apertura a la importación del sector privado sin medidas regulatorias y sin prever las consecuencias. Entre ellas está una disminución astronómica de las remesas (ya al cierre de 2023 se disminuían al 50 % con respecto a años anteriores) que no han dejado de salir desde otros países, lo que nunca han entrado a nuestra economía porque circulan en el exterior, se pagan y se compran todas esas importaciones de bienes sin que el dinero entre a nuestros bancos; más la creación de nuevos ricos que ante un mercado de oferta y demanda han aprovechado la oportunidad de importar y hacer engrosar sus cuentas personales (no las fiscales, solo las personales, esas que nuestros abuelos guardaban bajo el colchón) en detrimento de la verdadera economía nacional.

Nada, que hemos dejado hacer y deshacer por no tener la capacidad de cumplir con la máxima martiana de que “gobernar es prever” y ahora, en este mes de octubre, nos estamos organizando. Sale a la luz la Resolución 166 del 2024 “reglamento que rige las relaciones comerciales en las operaciones en moneda libremente convertible entre las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatal”, para regular todo lo concerniente a las importaciones del sector empresarial privado en Cuba.

Facilitar el acceso para importar o exportar bienes y servicios es el principal objetivo de la actualización del Reglamento que rige las relaciones comerciales en las operaciones en moneda libremente convertible (MLC) entre las entidades autorizadas a realizar actividades de comercio exterior y las formas de gestión no estatales, publicado en la Resolución 166/2024, disponible en la Gaceta Oficial No. 95 Ordinaria de este año.

El documento explica que el ajuste en lo establecido se debe a la identificación de distorsiones en las operaciones de comercio exterior por entidades autorizadas, en la actualidad 48, y el complejo escenario económico y financiero actual en Cuba.

Las entidades autorizadas, encargadas de tramitar las aprobaciones necesarias ante los organismos competentes, deben supervisar las operaciones a través de agencias de inspección reconocidas internacionalmente.

Además, están en la obligación de establecer procedimientos internos para regular las relaciones comerciales y prestar especial atención a no contraer compromisos de pago sin tener garantías de cobro, así como a los riesgos de impagos de los costos y gastos asociados a la operación, hasta la entrega al cliente.

Por otro lado, para su inclusión en la cartera de proveedores y clientes nacionales, las formas de gestión no estatales presentan a las entidades autorizadas un documento acreditativo de su condición, copia del contrato suscrito con el banco para la apertura de las cuentas corrientes en MLC, y una certificación de no adeudo fiscal.

En cuanto a las exportaciones, ambas partes acuerdan la manera de realizar las solicitudes de exportación, así como los plazos, cantidades, especificaciones técnicas y de calidad; precios de venta, presupuesto disponible y otros términos financieros.

El precio de venta de exportación es pactado por las entidades exportadoras autorizadas con el cliente externo; mientras que con las formas de gestión no estatal se acuerda un precio de adquisición a partir de descontar del precio de venta de exportación los gastos en que se incurra. Para la importación, el precio de venta se determina por las entidades importadoras autorizadas, teniendo en cuenta desde el costo, seguro y flete pagado al proveedor hasta que se produzca la entrega.

Eso es en resumen lo que se plantea en este reglamento. El mismo pretende establecer las condiciones para que las formas de gestión no estatal accedan a los servicios de importación y exportación de bienes y servicios, según corresponda, a través de las entidades exportadoras e importadoras autorizadas. A los efectos del Reglamento, se entiende, por “formas de gestión no estatal” a las personas jurídicas cubanas y a las personas naturales que realizan actividad comercial y de servicios legalmente autorizada y que no pertenecen al sector estatal de la economía ni constituyen modalidades de inversión extranjera. Es decir, las empresas privadas, ya sean mipymes o cooperativas, y los trabajadores por cuenta propia.

Para su inclusión en la cartera de proveedores y clientes nacionales, las formas de gestión no estatal presentan a las entidades autorizadas la documentación siguiente: a) Documento acreditativo de su condición de forma de gestión no estatal; b) copia del contrato suscrito con el banco para la apertura de las cuentas corrientes en moneda libremente convertible; y c) Certificación de no adeudo fiscal.

Un tema que queda pendiente es el de los precios, se mantendrán los mismos precios que hoy. Recordemos que con independencia de las vías que utilice el sector privado de la economía para acceder a la moneda libremente convertible, tácitamente se usa como tasa de cambio la existente en el mercado informal, por lo que el precio estará regido por esta tasa, en continuo detrimento de la economía de bolsillo.

Con independencia de lo que establece el reglamento en la Resolución 166, el precio de venta de exportación se acuerda por las entidades exportadoras autorizadas con el cliente externo, las que utilizan a este fin como referente el existente en el mercado para similares prestaciones y calidad. Así mismo, las entidades exportadoras autorizadas y las formas de gestión no estatal acuerdan un precio de adquisición del servicio o mercancía a partir de descontar del precio de venta de exportación los gastos en que se incurra por la transportación nacional, flete, seguro, operaciones aduanales, margen comercial y otros gastos que correspondan, hasta que se produzca la entrega al cliente extranjero. Todos esto costos, pagados en moneda libremente convertibles gravitarán sobre el precio del producto final en el mercado minorista de oferta y demanda.

En resumen, se ordena el procedimiento para la importación y exportación de bienes por las empresas privadas cubanas, pero sigue siendo una preocupante el precio final del producto, fijado contra una tasa 12 veces superior a la tasa en que se encuentra el salario medio. Esta medida, ordena, pero por si sola no resuelve el problema de la inflación ni el problema de la importación desmedida, por parte de los actores económicos, de productos terminados para la venta y no materias primas para incrementar la producción nacional. Esas son dos aristas, a mi criterio esenciales, si queremos resolver las causas de las distorsiones.

Ante esta situación, diversas han sido las alternativas en las que siempre hay un denominador común: ningún país por sí solo puede acceder a las transformaciones económicas que lo conduzcan al desarrollo. Se requiere el concurso de otras naciones para poder obtener materias primas, financiamientos, recursos tecnológicos, capital humano, capacitación y conocimiento, entre otros.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, varios espacios se abrieron para intentar coadyuvar a la tan necesaria transformación para el desarrollo equitativo: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el acuerdo sobre aranceles y comercio, etc., todos ellos signados por operar bajo la dirección de los poderosos, dígase Estados Unidos y el G7; por lo que los objetivos del desarrollo equitativo nunca se han logrado ni se alcanzarán por ese medio.

La cooperación internacional para el desarrollo se entiende como un conjunto de actividades que facilitan herramientas y oportunidades de crecimiento a personas y territorios en situaciones de vulnerabilidad. Siendo una relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas.

En los últimos cincuenta años muchos ejemplos de unidad en la cooperación internacional para el desarrollo se han puesto de manifiesto; al menos a escala de naciones, con intereses similares y cercanos en su territorio; para contrarrestar los efectos de las políticas de los poderosos y de sus instrumentos. Dígase la propia Comunidad Económica Europea, el MERCOSUR, la CELAC, y otros. Sin embargo, sus efectos han estado limitados a una escala reducida de cooperación comercial, sin extensiones a lo social y el desarrollo.

Sin embargo, a partir de 2010 una nueva organización internacional que fusiona a países en vías de desarrollo ha tomado fuerza en el contexto internacional actual: el BRICS.

El nombre de la formación son las iniciales de sus Estados miembros fundadores Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos ellos considerados economías emergentes, si bien a partir del 1 de enero de 2024 se incorporaron al grupo Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía, como se anunció en su XV Cumbre, celebrada en agosto de 2023 en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.

Sus miembros fundadores han pedido un orden mundial más justo y la reforma de instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Los países del BRICS reúnen características que se consideran clave para el potencial de crecimiento económico: gran extensión territorial, riqueza en recursos naturales y población absoluta, lo que puede traducirse en mayores oportunidades y competitividad.

Debido al creciente tamaño de sus economías y a su mayor actividad en el ámbito diplomático, los países del BRICS tienen cada vez más influencia en el proceso internacional de toma de decisiones. Para alcanzar un sistema de gobernanza efectivo, será fundamental regular la incidencia de estas potencias emergentes y reformar las instituciones globales, tengamos en cuenta que el BRICS ahora, después de la incorporación de los nuevos miembros, representa el 45,5 % de la población mundial, el 43,4 % de la producción global de petróleo, el 35,8 % del PIB mundial, y casi el 25 % de las exportaciones totales de bienes.

Con la difusión del poder global, es imposible reformar las instituciones internacionales si no se establece una cooperación positiva entre los miembros establecidos y los que están surgiendo ahora. En general, un enfoque incremental con mentalidad cooperativa puede ayudar a que el grupo transforme el actual orden mundial de una manera pacífica.

Una vez que Sudáfrica se unió al grupo, en abril de 2011, el término BRICS se convirtió en un símbolo muy utilizado para describir el cambio de eje del poder global, desde las economías desarrolladas hacia los principales países en desarrollo.

Cuando se habla de potencia económica emergente, se alude a un concepto teórico que define la dinámica de los países en desarrollo, pero que no refleja adecuadamente su impacto en el contexto geopolítico mundial. Las economías en cuestión han sido identificadas como potencias emergentes para hacer referencia a su mayor incidencia global.

Durante la última década, los miembros del BRICS han adoptado una intervención más activa dentro de los asuntos internacionales. Todo ello conduce a que jugar en su equipo puede ser una apuesta segura.

Me detengo en los BRICS como ejemplo de grupo de cooperación internacional. Después de aprobarse el pasado año la entrada de seis nuevos países al grupo (solo cinco terminaron entrando pues el presidente Miley de Argentina renunció a ello) ha crecido el prestigio y la participación de los BRICs en la economía internacional, muchos países en vías de desarrollo, entre ellos Cuba, intentan ser bien vistos por el grupo y solicitan entrar al mismo.

Para eso aprovechan la oportunidad de la actual cumbre del BRICS que se desarrolla en Kazán, Rusia, en este mes de octubre. El líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, presidente protémpore del Grupo por este año (2024), ha anunciado como objetivo, la realización de más de 200 eventos durante el año con la intención de aumentar su escalada e influencia internacional.

Uno de esos eventos fue el reciente Foro de los Partidos Políticos de los BRICS y asociados, que condenó la aplicación del bloqueo de EE. UU. a Cuba, al rechazar el uso de las ilegales medidas coercitivas unilaterales que pasan por alto la Carta de la ONU.

Llamado “ Por la Libertad de las Naciones”, sesionó del 17 al 19 de junio, en Vladivostok, Rusia, y en él se unieron al reclamo de la eliminación de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Por iniciativa del partido Rusia Unida, se realizó esta reunión, que contó con la participación de 22 partidos políticos de gobiernos de los países miembros y asociados del mecanismo BRICS, incluido el Partido Comunista de Cuba.

No podemos ignorar el creciente interés que despierta en muchos países el BRICS. Hoy en día, más de treinta países, concretamente 34, han expresado su deseo de unirse de una forma u otra. Por ello, se ha iniciado un debate activo entre todos los participantes del BRICS sobre las modalidades de una nueva categoría de Estados socios. Todo lo anterior condiciona que Cuba esté muy interesado en formar parte del grupo.

Es por ello que, en fecha reciente, el gobierno cubano ha solicitado formalmente su ingreso al bloque. El director de asuntos bilaterales de la cancillería cubana, Carlos M. Pereira, informó en su cuenta “X” que La Habana envió una carta al presidente Vladimir Putin solicitando entrar al grupo.

Ahora bien, qué factores de beneficio pudiera tener Cuba al entrar a este grupo, a pesar de que tiene poco que aportar si lo comparamos con los otros 10 miembros en cuanto a población, PIB, recursos económicos, tecnología, finanzas.

Cuba aporta responsabilidad cívica y prestigio político internacional, Cuba aporta capital humano y experiencias en la gestión del conocimiento, Cuba aporta la experiencia de sobrevivir en condiciones extremas de bloqueo económico, comercial y financiero, pero sobre todo aporta transparencia en su gestión internacional y compromiso con el desarrollo equitativo de las naciones.

Cuba recibe del grupo la posibilidad de encontrar aliados que se constituyen actores claves en la geopolítica global, establecer alianzas estratégicas desde dentro del bloque que coadyuven al desarrollo económico de la nación antillana, participar en un grupo que se constituye una alternativa para la construcción de un orden mundial más justo, lo cual ha sido un reclamo de Cuba en todos los foros internacionales los últimos 60 años, aprender de la experiencia de estas naciones en el enfrentamiento a las crisis y, sobre todo, establecer acuerdos comerciales beneficiosos en el orden financiero y tecnológico que le permitan contrarrestar los efectos del bloqueo norteamericano contra la isla.

Si en cuestión de medidas económicas externas hablamos, la oportunidad de integrarse Cuba al BRICS como Estado Asociado es vital para asegurar la sostenibilidad económica de la isla y su futuro inmediato, esperemos que en la cumbre de Kazán se apruebe esta moción, para el bien de todos los cubanos.

Aún bajo la égida de sistemas sociales diferentes, este fenómeno conduce, decide, impacta, transforma y actúa a una velocidad asombrosa, provocada en estos tiempos modernos por el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones (siendo la Internet su mayor exponente); así como por el auge y declive del sistema capitalista.

Las crisis cíclicas del sistema se acortan cada vez más en el tiempo, y el propio desarrollo alcanzado hace que la contradicción entre desarrollo y naturaleza, entre consumo y recursos disponibles; establezca una mayor competencia por la subsistencia que en períodos anteriores.

Se requiere entonces de buscar formas novedosas e innovadoras para alcanzar el éxito en las transformaciones necesarias, tanto en la gestión de la economía como en lo social; elementos que no se pueden ver aislados, porque economía y sociedad marchan de la mano.

En los avatares de la economía y las transformaciones que se operan en Cuba hoy, si bien se requiere por un lado que los actores económicos tengan pleno conocimiento de causa sobre sus actividades, también es imprescindible que los rectores de políticas públicas entiendan cual es el rol que les compete y se empeñen en realizarlo con calidad y eficiencia.

A los gobiernos locales, por ejemplo, se les suma un nuevo reto a los que ya de forma cotidiana tienen. Más allá de los problemas cotidianos con el pan, el agua, la electricidad, la higiene comunal, los alimentos, los precios –todos ellos en la agenda de un Intendente municipal, que al intentar abarcarlos todos no deja espacio para la planificación estratégica, para la definición de políticas, para la gestión real de la economía de su localidad– a todo eso se suma la facultad otorgada para aprobar quienes serán los actores económicos que operarán en su demarcación, lo cual en buena medida debe responder a sus políticas y estrategias de desarrollo territorial.

Es un reto, porque ahora no podrán echarle la culpa al Ministerio de Economía y Planificación, órgano que hasta este momento tenía esa facultad, de que lo aprobado en el territorio no responde a sus intereses. Un reto porque implica conocer mejor el municipio, tener identificadas sus potencialidades y recursos; algo que hasta ahora asumían las empresas que, desde el Estado y de forma vertical, actuaban sin que el gobierno local fuera juez ni parte en el proceso.

Una verdadera autonomía municipal implica gestionar sus finanzas públicas, definir qué hacer para, con los mismos recursos, generar mayor desarrollo económico. Nuevos términos y conceptos dentro de las ciencias económicas deberán comenzar a manosear si quieren tener resultados, y manejarlos más allá del discurso banal o de barricada a que a veces acostumbran; no bastará con aprenderse un concepto o término nuevo y repetirlo sin cesar, en muchas ocasiones sin saber que representa o como se logra.

Son muchos los factores que determinan resultados en la gestión de la economía de un municipio, en el cómo se logra desarrollo local verdadero.   En correspondencia con esos términos y aptitudes a asumir para transformar realmente un territorio se maneja mucho el término de economía circular. Pero, ¿qué es la economía circular?

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. Esto permite crear valor añadido y extender el ciclo de vida de un producto.  Es a la vez una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos.

Para ello es imprescindible el diseño a nivel de municipio de negocios circulares, en los que la lógica conceptual para la creación de valor se basa en la utilización del valor económico retenido en los productos después del uso primario, para la producción de nuevas ofertas.

Dicho en términos más al alcance de todos. Qué nuevos actores van a comenzar a interactuar en los municipios que tributen a la economía circular, qué MiPyme vamos a aprobar que se encargue de procesar y darle valor de uso, y con ello valor económico, a los residuos de cosechas, a los residuales sólidos, a la madera, al plástico, al papel. Cómo vamos desde el municipio a resolver esos problemas ¿Cómo van a resolver un problema convirtiéndolo en un producto?

Algo de lo que adolecemos en Cuba, pues acostumbrados a que desde el “nivel central” nos resuelvan el problema, no hemos creado hábito ni impulsado la idea de cómo reutilizar los escasos recursos que tenemos una y otra vez. Mientras en el mundo la política del reciclaje gana cada vez más adeptos, nosotros seguimos botando mucho sin reutilizar.

Tres principios rigen la economía circular, ellos son: Eliminar residuos y contaminación; mantener productos y materiales en uso; y regenerar sistemas naturales.

Cuánto podría mejorar un municipio financiera y económicamente si logra vincular sus estrategias de desarrollo a la economía circular, cuantos nuevos empleos generaría, cuántos nuevos ingresos a las arcas públicas, cuánta calidad de vida mejoraría si los nuevos actores económicos que se aprobaran, aplicaran la economía del reciclaje y pudieran recuperar recursos que, en forma de desecho, hoy se desperdician.

En Artemisa, el Centro de Gestión del Desarrollo Territorial ya trabaja en una concepción de estrategias que permitan a los territorios transitar hacia la economía circular. Como parte de ella, se propone centrarse en diseñar productos y servicios que sean duraderos. Esto incluye el uso de materiales reciclados, la implementación de diseños modulares y la consideración del ciclo de vida completo del producto. Así mismo prolongar la vida útil del producto.

Si bien es cierto que nada dura para siempre, pueden encontrarse formas de extender la vida útil mediante transformación, reparación, renovación o rediseño de productos. En ello es importante la colaboración entre proveedores y lograr verdaderos encadenamientos productivos donde se compartan beneficios al incorporar la circularidad a su relación comercial.

Se requiere una estrecha relación entre las políticas públicas del gobierno, las estrategias de desarrollo territorial, los recursos y potencialidades endógenas de cada localidad y la participación del sistema empresarial, estatal y privado, de conjunto con la universidad como matriz para, desde la ciencia, encausar estos proyectos.

La economía circular indudablemente aúna a diversos actores, pero el rector tiene que ser necesariamente ese gobierno municipal, que primero tiene que estar convencido del rol que le toca, para después poder compendiar en un solo objetivo al resto de los participantes.

En cualquier lugar del mundo, en países desarrollados o subdesarrollados, el uso de la economía circular como estrategia de desarrollo es cosa del presente. Es muy difícil encontrar un lugar donde no se potencien ideas innovadoras para utilizar de forma más eficiente los recursos que la naturaleza nos provee.

En España, por ejemplo, se dice que del cerdo lo único que no se usa son los pelos, porque son muy cortos para brocha, pero el resto tiene fin utilitario; nosotros, sin embargo, como nos creemos más ricos, botamos mondongo, tripa, casco, hueso.

Usted pasa en plena zafra por un centro de acopio, y ve como se le da candela a miles de metros cúbicos de desecho de paja de caña; termina la cosecha de maíz y se bota toda la maloja; la cáscara de vianda no se convierte en fertilizante, en humus o gas; eso sin contar con las toneladas de papel cartón y plástico que nuestras tiendas recuperadoras de divisas (TRD) y los mercados mayoristas y minoristas de las nuevas empresas privadas botan a diario a la basura.

Ahí está el reto de los gobiernos municipales: cómo desde la aprobación de nuevos proyectos, tanto privados como estatales, llegan a lograr una economía circular que permita el uso diversificado y multiplicado en el tiempo del mismo de recurso. Ese cambio es necesario, no sólo por lo que representa desde el punto de vista económico-financiero, sino porque beneficia a todos.

En la realidad económica global es común hablar de emprendimientos. Actualmente, en el ecosistema empresarial internacional, y en las propias relaciones económicas internacionales, confluyen la propiedad privada, estatal, mixta y cooperativa. Es frecuente el reconocimiento a la eficiencia solo cuando se trata de emprendimientos de iniciativas privadas, asociadas al uso de tecnologías novedosas.  En lo personal, considero que muchas de las potencialidades del emprendimiento son desconocidas aún por los propios actores económicos en el mercado nacional.

En la realidad económico social de Cuba emprender constituye un reto. La Conceptualización del Modelo Económico y Social expone los objetivos estratégicos de las transformaciones en Cuba, constituyéndose en un documento programático que define los fundamentos de la sociedad que se desea, sin embargo, no hace referencia al emprendimiento.

En clara materialización del anterior documento, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (PNDES), en el eje estratégico Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; plantea el impulso de “una cultura que propicie la vocación científica, innovadora y emprendedora en todos los niveles de la sociedad, especialmente en edades tempranas”.

Y este enfoque innovador y emprendedor debe abarcar todas las empresas independientemente de su forma de propiedad y gestión.

En la práctica internacional se privilegian las potencialidades de iniciativas productivas y novedosas, a tal punto de arriesgarse al fracaso cuando existen proyectos prometedores. En el contexto cubano, el componente social y medioambiental tiene un peso importante en el acompañamiento de la factibilidad del negocio, pero aún prevalecen enfoques que no garantizan un desarrollo sostenible.

¿Por qué hago esta introducción tan larga?  Les propongo una mirada a cómo ha cambiado el entorno emprendedor en el país y quiénes son hoy nuestros emprendedores.

En el entorno, tanto local como Nacional, desde el año 2021, con la aprobación de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, al retomar la formación de cooperativas con carácter privado, se ha fomentado una cultura del emprendimiento… pero, ¿serán realmente emprendedores todos los que se sumergen en el mundo del negocio privado?

En Artemisa, por ejemplo, desde octubre de 2021 hasta junio 2024 se habían constituido 418 mipymes, ocho estatales y 410 privadas. De ellas, 163, el 39 por ciento, se dedican a la comercialización de alimentos; más de un tercio de empresas que no producen y solo revenden productos importados. En contraste, solo 30 de ellas se dedican a la producción industrial, algo que se requiere transformar si hablamos de emprendimientos en función de las estrategias de desarrollo territorial.

En igual periodo de tiempo crecieron las llamadas cooperativas no agropecuarias, llegando a 72 en total. Y digo “las llamadas cooperativas no agropecuarias”, porque los que me siguen saben mi renuencia a aceptar la clasificación de agropecuarias y no agropecuarias en ese intento de separar y no parecernos al mundo. Cooperativas son todas las que el régimen de propiedad sea colectivo y se dediquen a producir bienes, servicios o ambos.

De igual manera, crecen los proyectos de desarrollo local en una provincia que hasta finales de 2021 prácticamente estaba en cero, llegando a 88 emprendimientos. Importante papel ha jugado en ello en esta etapa el Centro de Gestión del Desarrollo Territorial adjunto al gobierno provincial.

Han crecido, también, los llamados emprendedores individuales, los trabajadores por cuenta propia que en cifra de 22 mil 425 llenan cada calle de la provincia en sus diferentes manifestaciones. De ellos, 754 comercializadores minoristas y mayoristas de bienes de consumo, más de 2400 dedicados al alojamiento y la venta de comida elaborada. Servicios que no muestran en la práctica mucho emprendimiento real, solo comprar y revender y en algunos casos elaborar.

Pero ¿por qué mi desafuero hoy con los emprendedores y el emprendimiento?

Es una práctica extendida en todo el país que estos llamados emprendedores no innovan nada, no emprenden. Hay un incremento sostenido del comercio mayorista y minorista. Muchas mipymes que debían producir bienes y servicios se han dedicado a la importación y comercialización mayorista de productos de primera necesidad (alimentos, bebidas, productos de aseo), dejando a un lado la producción de bienes y otros servicios.

Una cadena de compras y ventas que ha incrementado el valor en el mercado de los productos y enriquecido las arcas de los que se han lanzado en ese océano de posibilidades, porque el Estado no tiene la capacidad de satisfacer la demanda de bienes de consumo como hizo durante más de 50 años.

En este momento de cambio, y véase el cambio desde cualquier óptica, se necesita el resurgir de ideas que coadyuven a salvar las economías y la especie humana en su conjunto –no solo idealistas al estilo de Da Vinci, Copérnico, Marx– se requieren emprendedores más a lo Bill Gate, Jeff Bezos, Jack Ma.

Pero se requiere en realidad una pléyade de emprendedores diferentes de los anteriores, que logren ver en el futuro oportunidades para asegurar la convivencia entre desarrollo económico, producción de riqueza, y sociedad sostenible con equilibrios sociales. Esto último es una necesidad para nuestro sistema social.

Bajo estos efectos, a diario nuevos emprendedores lanzan al mercado sus proyectos, pero las estadísticas internacionales dicen que muy pocos logran sobrevivir a la competencia, las crisis, y por sobre todo al efecto de políticas que, en correspondencia con el sistema social que defienden, evitan por todos los medios que crezca el número de personas con altos beneficios.

Es por ello, que no nos debe sorprender que comiencen a quebrar mipymes y a cerrar negocios de trabajadores por cuenta propia. Es algo propio del mercado y de las políticas económicas que se definan.

Por ejemplo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, en los primeros seis meses de gestión del actual presidente Javier Miley, han cerrado 3 mil 559 empresas en Argentina, de ellas, el 99 por ciento son pymes. En esa etapa, más de 136 mil trabajadores perdieron su empleo.

Por acá, continuamos defendiendo el desarrollo local y la implementación de economía circular a partir de incrementar la participación de los nuevos emprendedores en el entramado económico de los municipios, y eso es positivo. Más aun con las nuevas facultades recién aprobadas a los gobiernos municipales, quienes asumirían la aprobación de estas formas de gestión, algo hasta ahora realizado desde el Ministerio de Economía y Planificación.

Pero ¿qué es un emprendedor? Pues una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad de negocios. Así, en base a ello, organiza una serie de recursos con el fin de darle inicio a un proyecto empresarial. Suele entenderse como aquel que se convierte en creador o fundador de una iniciativa de negocios o empresarial. De ese modo, asume una serie de riesgos, en mayor parte, de carácter financiero o económico.

La capacidad de innovación que debe poseer un individuo emprendedor debe suponer habilidades para diferenciarse del resto de competidores del mercado. Ser único, y novedoso, en un sector puede ser una buena manera de comenzar un proyecto empresarial y dar un empujón inicial a una idea.

Y todos estos términos que comenzamos a escuchar (mercado, competencia, negocio, gestión, finanzas, créditos, proyecto, planificación) deben engrosar el acervo de nuestros nuevos emprendedores si quieren triunfar. Pero, sobre todo, se necesitan emprendedores reales, que produzcan bienes y servicios a partir de una idea o un nicho en el mercado… ya de revendedores estamos llenos.

Revendiendo lo que se importa no se desarrolla una economía, es imprescindible producir bienes y servicios, desarrollar la industria manufacturera, la producción de alimentos. Estos son elementos que deben tener en cuenta los gobiernos locales cuando asuman su nuevo rol de aprobar los proyectos a nivel municipal.

Lograr un auge de la iniciativa y el emprendimiento no es cuestión de consignas y metas. El estímulo constante de la dirección del país, la respuesta efectiva a las secuelas negativas del bloqueo económico, comercial y financiero, la promoción de la iniciativa, podrían convertirse en pilares de renovadas fuentes de riqueza económica.

Son muchas las miradas que hoy tienen en el colimador en las medidas que en el orden económico se realizan en el país.  Dentro y fuera de Cuba se siguen con atención los resultados porque es conocido que la supervivencia de nuestro sistema social depende en gran medida de lo que logremos en su implementación, de que nos permitan salir de la profunda recesión económica que enfrentamos hace cinco años.

Muchas de estas miradas en el interior de la nación están sobre el Decreto 107 del Consejo de Ministros que regula, o prohíbe, (es así como lo ha interpretado el clamor popular) actividades al sector privado, siendo éstas patrimonio sólo del sector estatal, pero con ello se conserva en gran medida el carácter socialista de nuestro sistema. Un ejemplo está en las vinculadas a la vida social del pueblo.

Los servicios y el comercio

En la sección “F” comienzan las regulaciones a un grupo de actividades vinculadas a los servicios, en este caso el comercio mayorista y minorista. El comercio al por mayor de los productos autorizados en esta sección, solo puede  realizarse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas y las cooperativas no  agropecuarias, como actividad principal y mediante contratos con participación de entidades estatales; lo cual requiere que, o antes utilizando empresas importadoras estatales, o después, teniendo como clientes al sector estatal para la exportación, se vincule el sector privado y el público.

Por otra parte, queda prohibido el comercio al por mayor de los trabajadores por cuenta propia. Algo que no es nuevo y que, de hacerse, estaría en contraposición con el carácter de la actividad que realiza este trabajador individual, por eso se decidió, desde el 2021 la implementación de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, porque algunos trabajadores por cuenta propia dedicados a la manufactura y producción de bienes lograban altas producciones que debían comercializar de forma mayorista y para ello, debían incrementar sus canales de distribución lo que requiere mayor cantidad de trabajadores.

En esta sección surgen dudas que han sido objeto de interrogantes, por ejemplo: si una mipyme tiene aprobada en su objeto social la venta mayorista y decide importar rones y cigarros ¿después no puede venderlos al por mayor? La persona que representa a una mipyme que realiza ventas minoristas no puede comprarle de forma mayorista  ron y cigarros importados a quien los trajo. Si gestiona un bar no puede comprar ron de forma mayorista. Creo que aquí hay una laguna que genera cierto desconcierto en los gestores privados.

De igual forma, el mundo se mueve y junto con él, el mundo del arte ¿cómo se pueden insertar los jóvenes talentos con la escasa oportunidad que brindan las galerías de arte limitadas hoy por problemas de financiamiento? Se acepta como una opción vender obras de arte en la calle, en ferias o plazas, de forma privada, pero no realizar actividades comerciales desde una galería, creo ver cierta contradicción en ello.

La sección “G”, vinculada al transporte y almacenamiento está clara en cuanto a que no debe hacerse, siendo este un sector que el Estado debe asegurar. Así mismo no ofrece mucha duda lo regulado en la sección “H” con respecto a las actividades de alojamiento y servicios de comida, se puede hacer todo lo relacionado en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas excepto lo clasificado en el apartado 5520 sobre actividades de campismo, parques de vehículos de recreo y parques de caravanas, suministro de alojamiento en campismos, campamentos recreativos y campamentos de caza y de pesca, para estancias cortas y suministro de espacios e instalaciones para vehículos de recreo. Por lo que aquí también la gama de actividades a desarrollar es amplia y ofrece oportunidades para todo el que se quiera lanzar al mundo del emprendimiento.

El sector social

Dentro de otras actividades no posibles a realizar están las vinculadas al sistema general de enseñanza. La educación como baluarte del sistema social sigue siendo equitativa para todo el pueblo. Es por ello que en la sección Ñ dedicada a la enseñanza deja claro que no puede el sector privado constituirse en sistema de enseñanza ni titular en ninguna actividad educativa del sistema general de educación. Se mantienen las actividades que sí se pueden realizar vinculadas al cuidado de niños, la enseñanza de música y otras artes, mecanografía, idiomas, repasadores, gimnasia aerobia clases de automovilismo y otras bien definidas.

Algo similar sucede con lo relacionado a la atención de salud y la asistencia social, otros dos programas que junto a la educación son de total responsabilidad del Estado. Prohibiéndose toda actividad vinculada a los servicios médicos, de enfermería y odontólogos, así como científicos y técnicos relacionados con la salud. La asistencia social por su parte seguirá siendo responsabilidad solamente por el Estado.

La administración pública y la defensa son otras actividades donde exclusivamente el estado interviene, algo lógico teniendo en cuenta las condiciones de nuestro país y su clara política nacional e internacional.

En la sección “M” del Decreto 107 se recogen aspectos vinculados a las actividades de servicios administrativos y de apoyo. Se limita el alquiler y arrendamiento de equipos recreativos y deportivos, algo que pudiera ser una limitante a que el sector privado importe este tipo de equipamiento, hoy deficitario en el país; y se limitan oportunamente las actividades que tienen que ver con la actividad intelectual, el empleo, agencias de viajes y operadores turísticos, reserva de pasajes, actividades que pueden ser el caldo de cultivo a la corrupción y otros vicios, estando en manos del sector estatal es más factible el control.

En esa misma sección se limitan las actividades de seguridad y protección, los sistemas de seguridad, la instalación de medios técnicos de seguridad solo para domicilios y vehículos, no para instituciones, y el apoyo al registro documental a las empresas.

Actividades patrimonio estatal que requieren otras miradas.

Se limitan en la sección “L” todas las actividades de ciencia y técnica, dejando solo espacio abierto a la teneduría de libros, el diseño y decoración, la fotografía, la traducción y los veterinarios a animales de compañía. Alguien me preguntó qué hacer ahora con los cuatro cerdos que cría, no son animales de compañía, sino animales de cría para el consumo familiar. Es parte de todos los atajos que tienen las normas, indudablemente a sus cuatro cerdos los tiene que ver un veterinario.

Ahí me detengo en algo que en lo personal he intencionado una y otra vez. Se reduce la actividad de consultoría a la teneduría de libros, para nadie es un secreto que la teneduría de libros hoy esconde acciones de consultoría contable financiera.

El Estado, con sus pocas instituciones dedicadas a ello pudiera dejar descansar en las consultoras privadas muchas de las actividades que hoy se ve obligado a relegar porque no cuenta con las herramientas ni el personal suficiente, concentrándose en lo verdaderamente importante y en el control hacia esta actividad.

Son muchos los profesionales (me incluyo), dispuestos a adentrarnos en el tema de las consultorías, fundamentalmente de procesos contables, económicos, inversionistas, asesores en sistemas de  gestión y otros. Sería una forma de utilizar el capital intelectual disponible, llegar a más instituciones, incluyendo el propio sector privado, y dejar de engañarnos con el tema de los tenedores de libros.

La actividad inmobiliaria limitada en la sección “K”, también pudiera requerir en el futuro otra mirada. A mayor oportunidad de crecimiento en el sector inmobiliario privado, menos problemas encima del estado. Es cierto, crearía un mercado inmobiliario de alto precio, no asequible a todos, esa podría ser su limitante, pero es a la vez su ventaja, porque el Estado se concentraría en lo que tiene que atender, como parte de sus programas sociales, y dejaría ese otro mercado a quien pueda acceder a él. Desde el desarrollo local, en los municipios con infraestructura obsoleta, ajada por el tiempo y la falta de mantenimiento, bien le vendría un sector inmobiliario fuera del presupuesto del Estado que transforme el entorno.

Otras secciones están claras a partir del control que necesita el Estado, no solo el cubano, sino cualquier Estado, sobre actividades vitales del país. Ello incluye lo relacionado a las telecomunicaciones y la información, un sector estratégico.

Un tema debatido popularmente es la exhibición de muestras cinematográficas, algo que el argot popular vincula a la comercialización del “paquete”, una actividad que hoy se realiza de forma ilegal, legalizarlo o el Estado cobrar impuestos por esta actividad implicaría violar el “Derecho de Autor”, lo que conduciría al país a una demanda internacional. Sobre el tema cinematográfico hay otras cosas que en un futuro se podrían revisar.

Forma parte de mis recuerdos de niñez en un pueblo de campo, un cinematógrafo móvil que llegaba hasta los lugares más recónditos. Hoy que el Estado y sus instituciones no tienen como asumir eso, sería más sabio regularlo que limitarlo. Es un ejemplo de lo que se podría hacer para beneficio social desde el sector privado y que requiere mayor organización y control.

Asumir cambios desde lo económico es una necesidad. Insertar al sector privado en ese complejo espacio que se conoce como oferta y demanda es un reto para la sociedad y las políticas económicas en Cuba. Como dije al principio, siempre el cambio o la regulación trae consigo detractores y seguidores, cuestionadores y defensores, lo importante es que se pueda debatir, compartir ideas, entender el por qué de cada regulación, para que todos, a partir del conocimiento sobre el tema, puedan actuar de buena fe en su cumplimiento.

Luego de que en 1993 se dieran los primeros pasos hacia la apertura al sector privado con la aprobación del trabajo por cuenta propia, la inversión extranjera y otras medidas que permitieron entonces la salida de la recesión económica provocada durante el período especial; en 2021 se reinició el proceso con el reconocimiento de la micro, pequeña, y mediana empresa privada, que amplió el diapasón que integraban solamente los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas.

Desde entonces, muchos han sido los cambios que, como parte del ejercicio de inclusión del sector privado en la economía, se han dado. Resoluciones, normas jurídicas, el “se puede” o “no se puede”… de todo hemos visto en el intento por ordenar la economía en medio del acoso externo y la falta de financiamiento para sostener la economía nacional desde el sector estatal.

En un inicio hubo prohibiciones al sector estatal de negociar con el privado, interpretaciones erradas de las normas por funcionarios ministeriales o de grupos empresariales, acuerdos de ministerios y entidades gubernamentales o empresariales iban contra lo establecido en una Ley, Decreto Ley o Decreto. De súbito se ha ido al otro extremo, a decirle a la empresa estatal “ve al privado a buscar insumos», en una carrera frenética por cambiar, pero a la vez regular; un experimento que produce conejillos de indias, mata conejillos de india, vuelve a reproducir conejillos y no acaba de, como decimos en buen cubano, ponerse el huevo. Eso es contraproducente en economía, si de políticas económicas hablamos.

Entre los cambios más recientes y que acaparan el interés de la población está lo referido a las limitaciones para el ejercicio de actividades no autorizadas al sector privado de la economía.

Es justo reconocer que es potestad de un Estado regular las actividades que se pueden o no desarrollar en el país por cualquier sector de la economía. Por lo tanto el Decreto 107 de 2024 del Consejo de Ministros, publicado en Gaceta Oficial, tiene carácter legal y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

Este Decreto tiene por objeto regular las actividades NO AUTORIZADAS a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias, y los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, no es de aplicación a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, ni a las de las organizaciones políticas, de masas y sociales.

Es decir, va dirigido esencialmente al sector privado de la economía, en pleno ejercicio del derecho del Estado cubano a regular las actividades que con carácter económico, de producción de bienes y servicios se desarrollan en el país.

Queda claro que toda otra actividad no regulada y limitada por este Decreto 107 se puede realizar; por supuesto, el listado no incluye actividades ilícitas prohibidas expresamente en la legislación vigente, las que en ningún caso pueden ejercerse. Hay que verlo también como una forma de incentivar la iniciativa emprendedora, si usted decide realizar una actividad que no está aquí, y sí está en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, usted puede realizarla con total apego a la ley, este decreto regula el no se puede. Entonces todo lo que no esté aquí limitado, sí se puede.

Teniendo claro este primer aspecto, les propongo adentrarnos en los no se puede. Este Decreto 107 emitido por el Consejo de Ministro se divide en varias secciones.

El sector primario de la economía

La primera sección se vincula a una actividad primaria de la economía, en ella se prohíben actividades relacionadas a la silvicultura, la caza con fines comerciales, pesca de especies en peligro de extinción y la tala de madera excepto para la producción de carbón y leña. La sección “B”, por su parte, se refiere a la explotación de yacimientos minerales. Estas dos primeras secciones mantienen las regulaciones existentes hasta la fecha, no se incorpora nada nuevo y persiguen como objetivo esencial la protección de la flora, la fauna y los yacimientos minerales.

La sección “C” se dirige a la industria manufacturera y aquí hago un paréntesis. El desarrollo local y el desarrollo, de forma general, de un país comienza por su pequeña industria manufacturera, la manufactura da empleo, procesa productos en la microeconomía que, a gran escala, representarían una pérdida para el monopolio estatal.

En esta sección se concentran limitaciones en actividades vinculadas con el petróleo, el azúcar, las sustancias químicas, la pólvora, los productos farmacéuticos, la fabricación de metales, equipos médicos, vehículos automotores y otras regulaciones vinculadas al tabaco, el azúcar, las aguas minerales y la imprenta.

Se regulan y prohíben muchas actividades en esta sección de la industria manufacturera que deberían tener en un futuro no muy lejano una revisión. Está claro que hay pequeñas actividades que el Estado desde su monopolio (y me refiero a monopolio estatal en el término económico), no pueden asumir en toda su magnitud por las limitaciones que existen desde el punto de vista financiero y por el propio bloqueo impuesto al país, pero que desde el emprendimiento se pueden hacer.

Capacidad intelectual instalada tienen los cubanos para asumir emprendimientos de este tipo que resolverían problemas que el Estado no puede solventar en este momento. Me refiero a actividades como la elaboración de calzado ortopédico deficitario en la producción estatal nacional.

En cuanto al tema de  la impresión, para nadie es un secreto que nuestros escritores publican más en el extranjero que en Cuba porque no hay capacidad para asumir la impresión de libros, incluso de libros y artículos científicos, y esta ha sido a lo largo de la historia una de las actividades de la industria manufacturera primarias, incluso que responden a intereses locales, lo que sí es una realidad es que el Estado hoy no puede imprimir libros, hacerlo desde el sector privado sería una solución.

Las Ferias del Libro en Cuba estarían agradecidas (y el pueblo) de poder disponer de mayor cantidad de bibliografía nacional, incluso de poder reeditar clásicos infantiles y juveniles que mi generación disfrutó pero que, por un problema de financiamiento y recursos litográficos, hoy la nueva generación no tiene a su alcance. El problema a resolver sería la aprobación de qué se edita y publica, no la impresión y comercialización; y para eso existen órganos responsables, y responsabilizados, desde la administración central del estado.

Servicios monopolios del Estado

Las secciones “C” Y “D” regulan actividades vinculadas con el suministro de electricidad, gas, agua, residuales y descontaminación. Estas son actividades que les corresponden al Estado, forman parte de su obligación social, el emergente sector privado de la economía lo recibe como servicios de monopolios naturales que el Estado debe mantener sobre estas actividades.

Después de mirar las primeras regulaciones no hay mucho en lo que la población, y los posibles emprendedores, puedan tener dudas. En el caso de la industria manufacturera, sencillamente di mi modesta opinión al ser este un sector muy desfavorecido en la actualidad económica cubana y desde el que se requieren mayores actividades productivas que den vida a los territorios. Asumir los cambios es importante en una economía que requiere transformaciones constantes para asegurar la supervivencia.

Intentar buscar detalles que permitan entender a plenitud las regulaciones a estas actividades es complejo. Cada emprendedor se centra en su objetivo específico y en la actividad que realiza. Abarcar mucho no es bueno cuando se inicia un negocio, hay que ir por pasos y estas regulaciones definen, por un lado, lo que el Estado considera que debe controlar por determinados intereses y prioridades; y por otro, permite concentrar los intereses del nuevo emprendedor en las actividades que están aprobadas y que son bastantes.

Esto forma parte del proceso de aprendizaje que debemos tener todos.

(Continuará…)

Para muchos, las medidas tomadas para el control de los precios altos son muy pocas y no siempre se cumplen. Para otros, el mercado de oferta y demanda debe regular el precio. Sin creer que unos u otros tienen la razón, surge la resolución 225 de este 2024 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios en Cuba.

El control de precios es una política económica que se ha aplicado para contener procesos hiperinflacionarios; en el marco de políticas sociales para dar acceso a bienes y servicios de primera necesidad; y en el marco de políticas de regulación de mercados caracterizados por la presencia de monopolios naturales, en donde la existencia de un solo productor hace necesaria la fijación de un precio que refleje condiciones de competencia perfecta.

La resolución 225/2024 del MFP surge en momentos en que la inflación golpea con fuerza la economía doméstica nacional sin que se aprecie una solución en el corto ni mediano plazo para minimizar sus efectos.

La resolución en sí, está dirigida, en primer lugar, a exonerar del pago del Impuesto Aduanero a las importaciones de los productos que se relacionan en su Anexo Único, que forma parte integrante de la misma. Es decir, establece en primer lugar un estímulo a la importación de estos productos y de hecho contribuye a evitar que los costos del importador aumenten por causa de este impuesto, por lo que al disminuir el costo por no pagar impuesto se está evitando un incremento del precio final al consumidor, hay que tener en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha crecido con una variación interanual del 30,8 por ciento.

En correspondencia con ello, establece en su resuelvo segundo los precios minoristas máximos a aplicar en la comercialización de seis productos seleccionados (Pollo troceado, Aceite comestible, Leche en polvo, Pastas alimenticias, Salchichas, Detergente en polvo) a los que se les exime del pago de impuesto aduanero, previendo con ello que no aumenten los precios. Así también regula que, en la formación de los precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconozcan hasta un treinta por ciento (30 %) de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos para estos productos. Les está aprobando un margen de ganancia contra gastos y costos que en buena lid es muy superior al margen de ganancias que se aprueba para las empresas estatales, por lo que da oportunidad a que se continúen teniendo altas ganancias por estas ventas.

Siempre me gusta darle dos miradas a cada fenómeno económico para poder tener distintas lecturas. Una de ellas es que: más que tratar de regular un precio para hacerlo asequible a la capacidad de compra del salario medio nominal; se trata de evitar que siga creciendo el precio de estos productos de forma indiscriminada y sin control en un mercado que tiene una alta demanda que la oferta no satisface; y esta ley económica, cuando actúa de esta manera, es el caldo de cultivo apropiado para el incremento de los precios.

Por otro lado, no tiene el alcance esperado pues para nadie es un secreto que la capacidad de compra del salario está muy deteriorada, los precios al consumidor crecen por días, y este precio se correspondía con los precios impuestos por el sector privado de la economía nacional que importaba estos productos adquiriendo la divisa para importar a una tasa de cambio informal que casi rozaba los 400 CUP por 1 dólar.

Ha habido una respuesta en el mercado financiero a ese tope de precios, ha disminuido la tasa de cambio informal cerrando la primera decena de agosto a 320 CUP por 1 dólar. Por lo que, manteniendo la comercialización a los precios topados, aumenta la ganancia del importador que necesita menos CUP para obtener un dólar que en el momento en que se tomó la medida.

Son los riesgos que se toman en este tipo de medidas reguladoras de precios, porque la economía no es estática, como ciencia que es, actúa mediante leyes y a cada acción hay una reacción en el mercado.

Impacto de la medida y logro del efecto deseado

Para pensar en el logro del efecto deseado debemos ir a la historia. La regulación de precios no es una experiencia ni un invento cubano. El libro “4000 años de controles de precios y salarios” fue escrito en 1979 por Robert Schuettinger, quien era director de estudio de The Heritage Fundation, y Eamonn Butler, doctor en Economía de la Universidad St. Andrews de Escocia. Este volumen es un increíble resumen del fracaso de todos los intentos por poner coto a valor de productos y servicios a lo largo de la historia de la humanidad. Su subtítulo es “Cómo no combatir la inflación”

Experiencias internacionales se sobran: desde el antiguo Egipto, por ejemplo, durante siglos el gobierno egipcio trató de mantener el control de la cosecha de granos, sabiendo que el control de la comida es el control de la vida. Utilizando el pretexto de prevenir el hambre, el gobierno gradualmente reguló más y más los graneros; la regulación llevó a la dirección y finalmente a la apropiación: la tierra se convirtió en propiedad del monarca y era rentada por él a los agricultores.

Al otro lado del mundo, los gobernantes de la antigua China compartían la misma filosofía paternalista que se encontrara entre los egipcios y babilonios y que sería luego compartida por los griegos y los romanos. En su estudio The Economic Principies of Confucius and His School, el erudito chino Dr. Huan-Chang Cheng, afirma que las doctrinas económicas de Confucio sostenían que “la interferencia del gobierno es necesaria para que la vida económica y la competencia sean reducidas al mínimo”.

Sin embargo, los resultados no fueron muy favorables. “Según la historia”, afirma el Dr. Cheng, “cada vez que el gobierno tomaba cualquier medida minuciosa, fracasaba, con pocas excepciones… desde la dinastía Chin (221-206 AC), el gobierno de la China moderna no ha controlado la vida económica del pueblo como lo hacía el gobierno de la antigua China”. Aparentemente, los mandarines chinos aprendieron de la experiencia.

En el pasado reciente, a inicios de 2019, la producción de carne de cerdo en China, mayores consumidores en el mundo, sufrió un deterioro provocado por una epidemia en el sur del país. En cualquier otro lugar el gobierno hubiera tomado medidas regulando el precio por la deficiente oferta que eso generó ante la alta demanda. Sin embargo, no lo hizo, sencillamente inyectó financiamiento en la zona norte no afectada por la epidemia incrementando las producciones en esa zona, lo que logró el equilibrio necesario entre oferta y demanda para que el precio no se disparara.

La Roma antigua no estuvo exenta tampoco de regulaciones de precios. El más famoso, y el más extensivo intento de controlar precios y salarios, ocurrió durante el reinado del Emperador Diocleciano, quien vio poco después de su asunción al trono, en el año 284, cómo los precios de las mercancías de todo tipo y los salarios de los trabajadores alcanzaron niveles sin precedentes; entonces se puso a regular los precios de todas las cosas vendibles.

Hubo mucha sangre derramada sobre cuentas triviales e insignificantes; y la gente no llevó más provisiones al mercado, ya que no podían obtener un precio razonable por ellas y eso incrementaba la escasez, tanto, que luego de que varios hubieran muerto por ella, fue dejada de lado.

En la Revolución Francesa, durante los veinte meses comprendidos entre mayo de 1793 y diciembre de 1794, el gobierno revolucionario de la Nueva República probó casi todos los experimentos de control de precios y salarios que se hubieran intentado antes. La primera de estas leyes dirigida a mantener los precios bajos, fue aprobada por el Comité de Seguridad Pública el 3 de mayo de 1793, junto con un impuesto progresivo a los ricos y una ley de préstamos forzosos. Los intentos de controlar los precios de los alimentos estaban claramente destinados al fracaso: muchas áreas de Francia no esperaron que el gobierno nacional actuara sino que derogaron la odiada ley por voto popular.

Experiencias también hubo en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. El experimento de mayor profundidad y alcance que se realizara en Europa para implementar la política de precios fijos, fue el del gobierno alemán posterior al estallido de la guerra en agosto de 1914. Sin embargo, el gobierno Imperial simplemente no pudo impedir el alza en los costos de los alimentos. Años después, cuando Hitler implanta el congelamiento de precios en 1936, incluye una constelación variada de artículos en un programa histórico único y arbitrario.

En nuestro continente, Brasil intentó fijar los precios del café entre los años 1924 y 1931. La medida fue definida como un fracaso rotundo desde su implementación, y ese fracaso precipitó un cambio de gobierno en el país.

En la URSS, si se considera que en la planificación soviética existen diez millones de precios distintos, resulta posible tener una idea de la naturaleza de la tarea de regulación en la economía soviética. Los incrementos en los precios tuvieron lugar a pesar de las caídas de precios prometidas en varios y sucesivos Planes Quinquenales; aparentemente fueron el resultado de un gran incremento en los créditos a corto plazo y al dinero otorgados por el Banco Estatal en la década del treinta. En el período comprendido entre 1929-1941 el circulante se incrementó casi ocho veces.

EEUU durante la Segunda Guerra corrió con la misma suerte en el intento por regular precios. Desde enero de 1941 hasta octubre de 1942, el gobierno intentó contener los inevitables aumentos originados tanto en los precios como en los salarios por medio de controles voluntarios y persuasión moral. Ni siquiera 60.000 burócratas que contaban con el respaldo de 300.000 voluntarios, fueron capaces de superar el ingenio de millones de personas que encontraron mecanismos para evitar los controles de precios y salarios que se oponían a su sentido personal de la justicia.

Por eso, a tenor con los ejemplos que nos deja la historia; que no son solo estos, son muchos más; atreverse a predecir un resultado es muy complejo dadas las condiciones de la economía cubana. A ello le sumamos que el precio regulado no resuelve el problema de la capacidad de compra del salario, ni disminuye el Índice de Precios al Consumidor, sino que reafirma en un tope precios que ya estaban establecidos y que afectan a más del 80 por ciento de la población.

A mi criterio personal, la única medida que regula precios y disminuye la inflación es el aumento de la producción de bienes y servicios. Invertir en esta producción de bienes que generaría más oferta en el mercado, oferta que se encaminaría a buscar el equilibrio con la demanda.

Por otro lado, invertir en esta producción de bienes y servicios generaría empleo y mejoras salariales. Alguien podría decir que mayores salarios pudieran incidir en el aumento inflacionario por tener mayor circulación monetaria. Sí, puede ser; pero ese efecto disminuiría en la medida que la oferta crezca y se equilibre con la demanda. Una cuestión de ley económica.

Otras medidas en el pasado reciente

En varias provincias cubanas desde mediados de 2022 se han tomado medidas regulando precios, fundamentalmente de productos agrícolas y de otros alimentos. Ello no ha logrado los objetivos propuestos. Ha pasado lo mismo que hemos expuesto anteriormente a lo largo de la historia: se han movido productos a otras provincias, sobre todo a la capital, donde los precios son mayores; se han limitado ventas y escondido productos; se ven pocos productos en ferias que es donde más se controla el precio, pero la mayoría va a parar a manos de intermediarios y terceros que venden en la calle a precios altos.

Se necesitaría un ejército de inspectores para poder llegar a cada vendedor todos los días y controlar el cumplimiento de las regulaciones, lo cual supondría otro problema, pues incrementaría el gasto de un presupuesto ya con déficit fiscal alto. Se crea otro problema peor.

Es justo un solo precio para todas las provincias del país

Este tema tiene también dos miradas. Por un lado, en cada territorio los costos finales sobre un mismo producto no son los mismos. Por ejemplo, un contenedor de pollo que se recibe en el puerto de Mariel, pero su destino es Pinar del Rio o Camagüey, no asume los mismos gastos de transportación, manipulación, estadía, u otros que toma ese mismo contenedor con destino a Artemisa o La Habana. Eso nos puede dar la imagen de que el precio en Pinar y Camagüey debe ser mayor que en Artemisa o La Habana, y es justo.

Por otro lado, se dice que los precios aprobados son “minoristas máximos”, eso quiere decir que por debajo de ese valor usted puede operar. El máximo aprobado da margen a esos costos diferenciados. Nadie obliga a un comerciante a vender en Artemisa o Pinar del Rio el pollo a 680 CUP el kilogramo, lo que sí está obligado es a no venderlo por encima de eso. Pero como los costos son diferentes en un lugar u otro, entonces en Artemisa se debe vender a menor precio que en Pinar del rio.

Otras experiencias actuales internacionalmente

Se podrían incluir muchas experiencias más, porque ante un problema inflacionario como el que atraviesa la economía internacional desde la crisis iniciada en 2019, y que cinco años después aún está en etapa de recesión, los gobiernos tratan de tomar medidas para establecer regulaciones de precios.

Por ejemplo, en España la regulación del precio de algunos productos básicos, como el pan, estuvo vigente durante el franquismo hasta los primeros años de la democracia. Recientemente, en 2022 el Estado intervino en la regulación de los precios en sectores como la energía, la telefonía, los medicamentos y los productos sanitarios y las tasas de las universidades. Algunas administraciones autonómicas intervienen en otros capítulos como el transporte público. En otros países europeos también hay regulación de los precios de algunos productos.

En Argentina, por ejemplo, en respuesta a la hiperinflación reciente, el gobierno lanzó el programa “Precios Justos” mediante la publicación de la resolución n° 823 del Ministerio de Economía, el 10 de noviembre de 2022. El programa tiene como finalidad fijar los precios de venta al consumidor, de una serie de productos definidos por la autoridad. La implementación del programa consiste en la firma voluntaria de un convenio entre el Ministerio de Economía y distribuidores mayoristas y minoristas, en el cual se determina el precio fijo al que se venderán los productos incluidos en el convenio.

En el caso de Colombia, el artículo 60 de la Ley n° 81 (1988) autoriza la intervención estatal en los precios de los bienes y servicios en las siguientes modalidades:  Control directo: mediante el cual la autoridad establece un precio máximo y/o un precio mínimo. Libertad regulada: mediante la cual la autoridad establece una metodología de cálculo para determinar el precio. Libertad controlada: por la cual los agentes del mercado tienen libertad para fijar los precios, sujetos a la obligación de informar a las autoridades.

Todos los países utilizan mecanismos de control de precios. Lo que estos procesos regulatorios deben ser transitorios, estarán siempre en correspondencia con la coyuntura económica concreta de cada país o región. La dinámica económica es más rica que una regulación. Hay que tener en cuenta, siempre, factores internos y externos que actúan sobre los precios.

Para Cuba, desde el punto de vista económico, era necesario hacer esta regulación en un momento dado, pero deben tenerse en cuenta otros factores vinculados a ella para poder tener el resultado esperado.

Primero, entender que debe ser transitoria; segundo, que guarda relación con la tasa cambiaria y el costo de la divisa en el mercado financiero informal, por lo que regular la tasa cambiaria desde el Estado podría tener efectos positivos en el precio en un periodo más corto y, por otro lado, que al no resolver el problema de la capacidad de compra del salario nominal no resuelve definitivamente el inconveniente.

Si se guarda la medida como algo ya aprobado y no como algo que hay que revisar a diario a tenor con los otros cambios necesarios, estaríamos llegando a un resultado que tendría más penas que glorias.

Para el acervo económico

Y en este proceso de aprendizaje les quiero comentar sobre otro término económico muy usado para medir el desarrollo económico de un país, que tiene que ver con los temas de precios que nos ocupan, pero que muy pocos sabemos de dónde sale. Me refiero a la inflación, ese enemigo tenebroso de nuestros bolsillos.

La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios en una economía e implica una pérdida en el poder de compra del dinero. Es decir, las personas cada vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya que en períodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios.

La explicación, generalmente aceptada, es que la inflación es causada por el exceso de dinero en circulación. Tal y como señala el famoso economista Milton Friedman, “la inflación ocurre cuando la cantidad de dinero se eleva apreciablemente en forma más veloz que como lo hace la producción, y cuanto más rápido sea el aumento en la cantidad de dinero por unidad producida, mayor será la tasa de inflación”.

No debemos olvidar que la inflación se relaciona con distintas variables, como el tipo de tasa de cambio y las tasas de interés. Es por eso que, a mi modesto parecer, la única solución a la inflación y a los altos precios es elevar los niveles de producción de bienes y servicios, elevar la oferta en el mercado.