En un contexto donde la inflación en el comercio minorista socava el poder adquisitivo del salario, y reina la especulación, un grupo de profesionales desde la Red de economistas, creada y liderada por la ANEC, debaten, analizan y proponen soluciones que han sido tenidas en cuenta en las medidas para las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Conversamos con el economista Gonzalo Rubio Mejías, uno de los miembros más activos de la Red, sobre su propuesta de descentralización de la planificación y de las decisiones.
Su propuesta descansa en la decisión gubernamental de descentralización de competencias a los municipios ampliamente debatida en la ANPP el pasado 14 de abril, y aboga por una regulación de mercado altamente sofisticada, donde la información contable, la transparencia contractual y los indicadores económicos sustituyen a las decisiones administrativas verticales.
Gestionada por distintas estructuras del gobierno municipal, la propuesta descansa en la utilización del Derecho de Contratos, los Balances Contables e información económica productiva de la ONEI y privilegiar los indicadores y decisiones económicas sobre las administrativas.
Mi propuesta –comenta–, es una suerte de principal, elevada y omnipresente participación de los sujetos y eslabones inferiores de la trama social. Es una versión omnipresente del llamado control popular basada en la exigencia de los sujetos, de los unos con los otros. Y del gobierno municipal como el gran gestor y balanceador del entramado económico, social, y local.
A la solicitud de explicarlo con un lenguaje fácilmente comprensible por los que no somos economistas, Rubio respondió con un ejemplo sinóptico reducido a dos personajes representativos del sector de la producción de alimentos: Pedro, un productor agrícola, y Juan, que comercializa en forma minorista.
En el escenario actual, Juan le compra a Pedro la libra de viandas a 10 cup y la revende al público a 50. Pedro trabaja, invierte, produce, pero su rentabilidad sobre los costos es de apenas un 11.1 %. Juan, en cambio, presenta una rentabilidad del 233.3 %, una cifra que no proviene de la eficiencia de su gestión, sino de un precio de venta abusivo, especulativo.
En esta nueva propuesta, el contrato no es un mero formalismo: es una ventana a las finanzas del otro, y la herramienta clave es la obligatoriedad de intercambiar Balances Financieros certificados y públicos al momento de contratar. Pedro, ya sea por su propia experiencia o asesorado por los contadores y abogados que el sistema estimula, descubre la desproporción y reclama. Su poder de negociación no nace de una queja administrativa, sino de un dato económico irrefutable y de una norma municipal: una tasa de rentabilidad sobre costos tope para el comercio, fijada en un hipotético 25 %.
Pedro le exige a Juan un mejor precio por su producto, demostrándole que, aun pagándole a 20 pesos la libra, Juan seguiría obteniendo una rentabilidad del 67 %, incluso por encima del tope normado. Si Juan se niega, los inspectores-peritos del gobierno local, con la evidencia en mano, no solo multarán, sino que confiscarán el exceso de ganancia y lo transferirán al presupuesto local. Más aún, apercibirán a Juan para que mejore su relación con proveedores y clientes, léase, bajando precios al público.
Hoy, cuando Juan le compra a Pedro a 10 pesos la libra y vende a 50, el margen es gigante porque no hay un límite efectivo a su ganancia. Si Pedro le sube a 20, Juan puede simplemente vender a 60 y conservar su alta utilidad (o incluso incrementar-la), porque nadie le está controlando cuánto gana en relación con lo que le cuesta de verdad.
La propuesta cambia la regla del juego: el gobierno municipal fija una Rentabilidad sobre los Costos (R = Utilidad / Costos) tope por actividad. En el ejemplo, para el comercio el tope es del 25 %. Esto significa que, por cada peso de costo, Juan solo puede obtener 0.25 pesos de ganancia legítima. Todo excedente por encima de ese 25 % no es un “premio a la eficiencia”, sino una ganancia indebida que será confisca-da y pasará al presupuesto local.
De la confrontación al crecimiento
Aquí reside el corazón de la propuesta: Pedro, al recibir más ingresos, no los atesora ni los derrocha, piensa que con los nuevos precios va a pagar más salarios, va a contratar más trabajadores agrícolas, y ello le permitirá aumentar la producción, razona el economista.
Juan, a su vez, –continúa su explicación–, comprará más volumen a Pedro y venderá más al público. Sus utilidades absolutas crecerán, incluso aplicando un margen de rentabilidad menor y precios más bajos en las tarimas. Se crea así una “sinergia reproductiva” que ataca la inflación desde la base de la cadena de valor, motivada por la creación de un círculo honesto de inversión y empleo local, y no por el miedo a una sanción lejana.
El municipio se erige como el gran beneficiario y gestor. Utiliza la información de la ONEI y los balances para fijar rentabilidades normadas por producto o rama, formando un cuerpo de inspectores-peritos capaces de analizar fichas de costos y orientar hacia la eficiencia. La clave ética es fundamental: se busca que las fuerzas humanas “encuentren en lo que hacen honestamente, un gran sentido para sus vidas, fomentando lealtad al cliente”, subraya.
Una realidad objetiva
El productor Pedro, al tener acceso a los Balances de Juan, es quien detecta la rentabilidad desproporcionada y la contrasta con la norma municipal. Eso dispara el reclamo formal, la inspección o la re-negociación contractual. Los miles de productores como Pedro se convierten en “auditores naturales” de sus compradores. El gobierno local, actúa con base en información y denuncias que vienen desde abajo, y aplica medidas que no son negociables: confiscación del exceso de ganancia y obligación de ajustar precios a la población.
En resumen: la propuesta rompe la cadena “sube costo / sube precio al público” mediante un tope móvil de rentabilidad sobre costos, vigilado municipalmente y exigible vía contratos y balances públicos. Juan no puede trasladar el aumento porque su ganancia está normada; si lo intenta, el gobierno le confisca el excedente y debe a bajar los precios. El pueblo, lejos de pagar más, recibe precios menores y, en el largo plazo, una oferta más abundante.
Premisas para un mercado regulado con control popular
La viabilidad de este modelo –admite el investigador–, depende de premisas aún no generalizadas en el entramado empresarial cubano.
- La propuesta exige la revitalización masiva del Derecho de Contratos, con una presencia recurrente de abogados, bufetes especializados en derecho mercantil y las Salas de lo Económico para dirimir disputas.
- La cultura de la reclamación de daños y perjuicios debe dejar de ser un tabú para convertirse en una herramienta de exigencia mutua y “control popular omnipresente”.
- La fiscalización no vendría solo del gobierno, sino de los miles de Pedros que, al exigir un precio justo a sus compradores, se convierten en detectores de precios excesivos, en una suerte de control popular de la inflación atomizado pero sistémico.
Según el economista, utilizando indicadores de rentabilidad sobre costos —y no sobre precios especulativos—, se puede discriminar la ganancia legítima de la indebida, encauzando el afán de lucro hacia la expansión productiva y no hacia la agresión al consumidor.
“Este es un modelo simplificado, pero su potencia conceptual es innegable. Modernizando los métodos de dirección, se podría mitigar la inflación, no desde el control de precios tope, sino desde la regulación de la ganancia y la gestión transparente de la información a nivel local” –concluye.
Rubio Mejías considera que con esta propuesta de descentralización de la planificación y decisiones a nivel de Economía de Mercado Regulado por los gobiernos locales es posible:
- Incrementar producción, el empleo y la productividad.
- Incrementar las inversiones locales.
- Incrementar el control de la inflación.
- Motivar el trabajo creador y a los trabajadores.
- Incrementar el control popular.
- Mejorar la gobernanza.
- Incrementar y mejorar la comunicación social, horizontal y verticalmente.
- Mejorar el control mediante indicadores económicos y el denominado control por el peso.
- Elevar la civilidad mediante el afianzamiento de valores morales tales como: Lealtad a los clientes, austeridad y la laboriosidad.