Un elemento de gran importancia por sus efectos negativos sobre la economía y la población, fue el incremento de la tasa de inflación en 2023, que aumentó durante el año, un 31.34 % acumulado hasta diciembre, frente a un 39.07 % en 2022. Según la información disponible el ritmo de crecimiento de la inflación se ralentizó en el segundo semestre. No obstante, la percepción de la población es que el aumento de precios resultó superior.[164] También se reportó que la inflación por segmentos de gestión de la economía fue 6.3 % en el segmento estatal, un 62 % en el segmento no estatal y un 72 % en el segmento del mercado agropecuario. Igualmente, por encima del promedio de inflación total se ubicaron los alimentos y bebidas no alcohólicas con un 36.36 %, la transportación con un 37.52 % y los restaurantes y hoteles con un 47.18 %.[165] Cabe también apuntar que –según otros especialistas–, la inflación podría haber llegado a cerca del 60 % en el 2023.[166] La tasa de inflación se mantuvo creciendo en el primer semestre del 2024, alcanzando un incremento interanual del 30.78 % al cierre junio de este año.[167]
Este nivel de inflación se revela en la depreciación del peso cubano frente al dólar, cuya cotización en el mercado informal pasó de 170 pesos por USD a finales de 2022, a alrededor de 275 pesos al cierre de 2023.[168] Por otro lado, durante el primer semestre del 2024, se alcanzó una cotización de alrededor de 390 pesos por USD, aunque también se registró una caída coyuntural en la demanda de dólares, que llevó hasta los 280 pesos la tasa de cambio informal, que no se sostuvo en el tiempo.[169] Al cierre de julio se registró una cotización de alrededor de 335 pesos por USD.
Un elemento determinante en el aumento de la tasa de inflación en el 2022, fue el incremento de la liquidez en manos de la población, que alcanzó unos 287 319 millones de pesos, un 50 % más que en año precedente. No obstante, según se informó en la ANPP, la liquidez en manos de la población llegó a 400 000 millones de pesos al cierre del primer semestre del 2024,[170] calculándose que la misma concluirá el año a nivel de 600 000 millones de pesos.[171]
Por otra parte, el déficit fiscal en el 2023, que estaba previsto que alcanzara 68 126 600 millones de pesos, se elevó –debido a la caída de los ingresos– a 94 959 100 millones, para un incremento del 39.4 %, lo que elevó la deuda pública a unos 147 700 millones de pesos. El déficit registrado se estima que alcanzó alrededor el 15 % del PIB, lo cual lo convierte en un factor de enorme importancia, que presiona al alza sobre la tasa de inflación.[172] Al cierre del primer semestre de 2024, se comentó que el déficit alcanzaba el 22 % del PIB.[173]
Otra consecuencia de la elevada tasa de inflación acumulada ya desde el primer semestre del 2023, es que se produjo una fuerte escasez de efectivo en circulación, lo cual obligó en los primeros días de agosto a dictar un conjunto de medidas administrativas para acelerar la bancarización de las operaciones monetarias en el país,[174] medida que modernizaría el sistema de cobros y pagos en la economía, brindando un mayor control sobre la evasión fiscal y el lavado de dinero. Sobre su conveniencia no existen discrepancias. Sin embargo, sí existe un debate en torno a las consecuencias de la aplicación de esta medida en estos momentos, dadas las serias dificultades que enfrenta la economía cubana.
También existen preocupaciones en torno a que esta decisión eleve la presión sobre la infraestructura del sistema bancario y las pasarelas de pago existentes y se estima que puede provocar una caída de la oferta del sector no estatal, lo que potencialmente elevaría la inflación y también puede desatarse una mayor presión sobre los depósitos de ahorro que se encuentran en los bancos en estos momentos, entre otras consecuencias negativas. Al cierre del primer semestre de 2024 se calculaba que solo alrededor del 3 % de los pagos, fuera del sistema bancario, se realizaban por vía bancaria.
No obstante, cabe apuntar que, entre las medidas anunciadas por los bancos en este proceso, no se ha mencionado la posibilidad de elevar la tasa de interés, ni tampoco la de emitir bonos de deuda pública –que pudieran venderse tanto a personas jurídicas como naturales–[175] como medidas –ambas– que propician la retirada de efectivo de la circulación mediante estímulos de carácter económico.
En general, cabe insistir que el control de la inflación demanda la aplicación urgente de un programa antinflacionario integral[176] que permita enfrentar gradualmente el problema en toda su complejidad y que forme parte de la primera prioridad del Programa de Estabilización Macroeconómica (PEM) a mediano plazo. En tal sentido, debe tomarse en cuenta que un fenómeno tan complejo no se revierte a corto plazo y supone asumir costos que deben ser asimilados socialmente, para lo cual debe forjarse el consenso favorable indispensable con la población, que debe comprender su carácter y apoyar su implementación, tal y como ocurrió en los años del Período Especial.
Entre las medidas que deben formar parte del enfrentamiento a la inflación, se encuentra la reducción del déficit fiscal, que –como ya se mencionó– creció un 39.4 % en el 2023 y cuyos efectos inflacionarios se reforzaron con la aprobación de un déficit en el Presupuesto del 2024 de 147 390 800 millones de pesos, lo que representa un incremento adicional del 55.2 % sobre el déficit del 2023, estimándose que sería igual al 18 % del PIB.[177] Como ya se apuntó, en este año se informó que durante el primer semestre se había logrado reducir el déficit previsto, aspirándose a rebajarlo en unos 25 000 MMP. También se ha estimado que existe una evasión fiscal potencial equivalente a alrededor de 50 000 MMP.[178]
También será preciso aplicar medidas de mitigación ante los impactos que produce en los precios la necesidad de reducir la liquidez excesiva ante una oferta insuficiente, especialmente en aquellos sectores vulnerables, con prioridad de los pensionados de la seguridad y la asistencia social.[179]
Ante la compleja situación económica que enfrentaba la economía, ya en la sesión de la ANPP del 21 de julio de 2022 se anunció por el Ministro de Economía y Planificación la adopción de 75 medidas “… dirigidas, entre otras cosas, a incrementar los ingresos en divisas y aumentar y diversificar las exportaciones.” Estas medidas debían dar continuidad a la solución de parte de los aspectos no resueltos de la Tarea Ordenamiento, especialmente en lo referido al incremento de los flujos financieros externos y a la inflación, que seguía creciendo. Sin embargo, durante el pasado año 2023 no se logró alcanzar estos objetivos que requerían de otras decisiones más integrales para poder avanzar. Entre otros aspectos, el volumen de operaciones realizado a través del mercado cambiario creado en 2022, no permitió competir y regular la tasa de cambio del mercado informal de divisas, que se ha desarrollado ilegalmente a partir de que existe una fuerte demanda no satisfecha de divisas por la población para comprar en el mercado que opera en esa moneda y para viajar al exterior.
Tampoco se lograron los avances previstos con medidas de carácter complementario dirigidas al aumento del financiamiento externo mediante el desarrollo de las MIPYMES dirigidas a la exportación,[180] desarrollar la inversión extranjera directa con el sector no estatal, impulsar la sustitución de las importaciones del turismo, desarrollar la venta en consignación de productos importados, implementar un nuevo esquema de asignación de divisas para las entidades estatales y mixtas y la flexibilización de las importaciones no comerciales por personas naturales.
Por otra parte, los denominados nuevos actores económicos y especialmente las MIPYMES privadas, eran ya 11 046 entidades al cierre del primer semestre del 2024, las que unidas a las otras formas de gestión no estatal empleaban al cierre de 2023 al 37.6 % del total de trabajadores en el país. No obstante, su actividad se concentraba en un 22.8 % en actividades de gastronomía y alojamiento y en el 19.7 % en construcciones, mientras que la producción de alimentos y bebidas solo llegaba al 13.4 %. Al respecto, debe tomarse en cuenta que estas entidades desarrollan también una actividad comercial, lo que sin dudas permite una rotación más rápida del capital invertido y se realiza con menos dificultades operativas que la producción de bienes o servicios. A esto habría que añadirle que la mayoría cuenta con financiamiento externo por la vía de las remesas, que enfrenta menos dificultades que el financiamiento que debe gestionar el Estado enfrentado al bloqueo norteamericano y a otras dificultades con la deuda externa para obtener créditos.
Los resultados de la actuación de los nuevos actores económicos, hasta el momento, con una remuneración a sus trabajadores –en general–, superior a la que ofrece el sector estatal, no se han apreciado favorablemente por la población que, si bien observa una elevación de la oferta de bienes y servicios, estos se venden a precios superiores a la capacidad de compra de la mayoría de la misma. Un impacto directo en la oferta, mediante la producción de alimentos y otros bienes de consumo está por lograrse aún, y dependerá, en buena medida, de las acciones que se implementen por el Estado para incentivar adecuadamente las empresas estatales y el potencial del sector privado y cooperativo –que incluye actualmente también a unos 596 mil trabajadores por cuenta propia–, con vistas a satisfacer las necesidades de nuestro desarrollo.
Al evaluar los resultados de la economía a finales del pasado año, se apreció claramente que no se alcanzaron los objetivos principales del Plan 2023, los que preveían lograr una mayor estabilidad macroeconómica, consolidar la reestructuración de diferentes mecanismos de asignación de divisas, avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y en la introducción de las fuentes renovables de energía (FRE), avanzar en la reducción de desigualdades, consolidar el proceso de descentralización de competencias a los territorios y avanzar en la transformación de la empresa estatal socialista.
Circunstancias extraordinariamente negativas marcaron así el desempeño de la economía durante el 2023, con un PIB que decreció 1.9% en el año por lo que fue preciso comenzar a trabajar en una nueva estrategia que permita –a corto plazo–, frenar la crisis y recuperar los ritmos de desarrollo que el país demanda.
Como parte de las proyecciones de trabajo del Gobierno, el pasado 20 de diciembre en la ANPP, el Primer Ministro anunció un conjunto de medidas, que constituyen un punto de ruptura con el carácter de las decisiones que se habían venido adoptando, al enfocarse de una forma más integral para la solución de los problemas que enfrenta el país.[181]
El conjunto de nuevas medidas a adoptar se materializó en las “Proyecciones del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024”, presentadas por el Primer Ministro en la Sesión de la ANPP de julio de este año.
Los objetivos generales contenidos en las proyecciones son los siguientes.
1.- Implementar el Programa de Estabilización Macroeconómica (PEM)
2.- Incrementar los ingresos externos
3.- Aumentar la producción nacional.
4.- Desarrollo de la empresa estatal y nuevas formas de gestión no estatal.
5.- Gestión estratégica del desarrollo territorial.
6.-Transformación del entorno institucional, regulatorio y organizativo del funcionamiento de la economía.
7.- Desarrollo de la política social.
8.- Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y la indisciplina social.
Los objetivos que aquí se plantean sin dudas presentan un orden y secuencia que responder mejor a las urgencias que el país enfrenta. Sin embargo, existen un conjunto de aspectos que debieran tomarse en consideración para asegurar el éxito de las transformaciones que se plantean.
En las actuales condiciones, la implementación del PEM constituye la primera prioridad en la política económica a desarrollar, -especialmente en lo relativo a la política monetario-financiera y la política fiscal– velando por que el ajuste a realizar en las variables macroeconómicas se aplique considerando la menor afectación posible a la población y a las empresas.
En este sentido, lo que se ha decidido aplicar en lo inmediato, se centra en la reducción del déficit fiscal como elemento de gran importancia para disminuir la tasa de inflación. De este modo, se elevan un grupo de impuestos y aranceles –particularmente en el sector no estatal–, con el propósito de reducir el déficit fiscal de este año en alrededor de 25 000 MMP, como ya se mencionó, y reducir la evasión fiscal, estimada, solo para el sector no estatal en unos 50 000 MMP, sector en el que se concentran también los mayores aumentos de la carga fiscal, al corregir violaciones en el pago de impuestos.[182] Por otro lado, se amplía la dolarización parcial ya presente en la economía, con la implementación de ciclos cerrados de financiamiento en divisas para un grupo de exportaciones, la circulación en efectivo de las divisas en determinados segmentos de la economía, tales como la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y el turismo, así como el cobro de aranceles en divisas para las importaciones de las FGNE.
Al respecto cabe apuntar que entre las medidas importantes que no se considera posible implementar de inmediato, se encuentra el mercado cambiario reestructurado, para lo cual se plantea –correctamente–, como premisas elevar el nivel de la bancarización alcanzado y un mayor control sobre la circulación monetaria interna. Sin embargo, es posible que –dada la urgente necesidad de este mercado para el funcionamiento de la economía nacional– el mismo se implemente gradualmente, con una incorporación paulatina a su funcionamiento de empresas que puedan asumir los costos del ajuste de la tasa de cambio del país, avanzando hasta llegar al funcionamiento del mercado cambiario único para todos los actores económicos.
Cabe advertir también que la aplicación parcial y no integrada de medidas puntuales puede poner en riesgo el impacto favorable de la implementación del PEM. De tal modo, no queda clara la secuencia en la aplicación de un conjunto de decisiones que afectan los precios y que impactan en los costos, especialmente en el sector no estatal, donde se han establecido precios topados y una tasa de rentabilidad máxima del 30 % para pagos del sector estatal al no estatal. Por otra parte, no se cuenta con un programa anti-inflacionario integrado, tampoco –como ya se indicó–, se emplea la tasa de interés como elemento clave para incentivar el ahorro y controlar la política de créditos, no se incluye que se promueva la venta de Bonos de Deuda Pública (con tasas de interés estimulantes) para extraer liquidez, y queda pendiente una compensación para enfrentar el posible incremento de precios de la canasta familiar normada en la población (Se informó que se encuentra en estudio).
En relación a incrementar los ingresos externos, la atención se concentra únicamente en el incremento de las exportaciones y la Inversión Extranjera Directa (IED), priorizando la producción de alimentos. Sin embargo, no se han reconsiderado las deficiencias en la promoción de la IED, no solo en la demora en los procesos de negociación, sino también la ausencia de una política que tome en cuenta el riesgo del inversionista que –al movilizar su capital a nuestro país– debe enfrentar condiciones adversas dadas por el bloqueo económico de EE.UU. y por las dificultades en el funcionamiento de la economía cubana. Adicionalmente, es preciso avanzar en la legislación para asegurar mejores condiciones para la IED, empezando por la aprobación de una Ley de Crédito Público y de las disposiciones legales que permitan impulsar la inversión en nuestro país de cubanos residentes en el exterior.
Otro elemento clave que no se abordó en este punto y que resulta de importancia vital para restaurar los flujos financieros externos que hoy no existen, –más allá de la reafirmación del principio de pago de deuda por parte de Cuba–, es la implementación de una renegociación flexible de la deuda con un mínimo de liquidez en lo inmediato, utilizando las ya mencionadas herramientas para ello, tales como el swap de deuda por inversión, la emisión de Bonos de Deuda Pública Externa, la recompra de deudas con descuento, la conversión de deudas en divisas a moneda nacional, la compensación en el pago de deudas, el pago de deudas vinculados a flujos de ingresos por exportaciones, a lo que habría que sumar la creación –en el menor plazo posible– de un Fondo para la Sostenibilidad de la Deuda Externa que asegure la provisión de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones financieras externas del país.
En lo relativo al incremento de la producción nacional, la atención se centró en el análisis crítico de la política de entrega de tierras en usufructo, donde se han detectado unas 130 000 ilegalidades, así como en el desarrollo de la ganadería vacuna. Por otro lado, se informaba que en estos momentos registran pérdidas 340 empresas estatales, un 13 % del total y 608 MIPYMES alrededor de un 6 % del total.[183] También se subrayó la importancia de una política estimulante de licitación y concertación de los precios de compra a los productores.
No obstante, la priorización del desarrollo de la producción nacional y la sustitución de importaciones parte –en primer término– de crear un entorno favorable con una transformación de la política de inversiones, que hasta ahora asigna alrededor del 3 % de lo que se invierte a la producción agrícola. A esto se añade la descentralización de competencias, recursos posibles y mecanismos de gestión, tanto para la empresa estatal, como para las empresas de subordinación municipal.
Respecto a la agricultura, el Primer Ministro señaló “…aunque se está sembrando más, las producciones agrícolas del país mantienen todavía la tendencia al incumplimiento, pues los rendimientos no alcanzan los niveles requeridos al no poder asegurarse el paquete tecnológico, productos químicos, fertilizantes y combustibles.”
En lo relativo al desarrollo de la empresa estatal y las FGNE destaca el acotamiento de diversas dimensiones de la gestión no estatal para corregir las distorsiones que han surgido con su creación, para lo cual se ajustó la base jurídica de funcionamiento del sector no estatal, regulando su gestión acorde con su papel complementario en la economía nacional, lo que debe tributar a una actividad más eficiente desde el punto de vista económico y social. Sin embargo, no se avanzó en lo relativo al funcionamiento más eficiente de la empresa estatal, que demanda una legislación que regule su gestión en el futuro inmediato.
En lo referido a la gestión estratégica del desarrollo territorial se volvió a insistir en el papel crucial del municipio en la vida del país. No obstante, resulta indispensable avanzar más rápidamente en la preparación de los dirigentes de ese nivel para que su gestión resulte exitosa en medio de las complejas circunstancias que hoy se enfrentan. No basta pues, con la descentralización de la capacidad de gestión, e incluso de los escasos recursos disponibles, para lograr una gestión eficiente a nivel de la estructura territorial básica. Una tarea inmediata a enfrentar es el cálculo correcto de la capacidad de generar los alimentos que consume cada territorio y –sobretodo– con qué recursos humanos y materiales se cuenta para ello, tomando en cuenta la diversidad de condiciones que existe entre los municipios cubanos.
También resulta de significativa importancia la transformación del entorno institucional, regulatorio y organizativo del funcionamiento de la economía, lo que supone una reforma integral del funcionamiento del país. En esa dirección es previsible que se avance más rápidamente en la descentralización de la gestión económica, con una regulación donde primen los instrumentos económicos sobre los administrativos y el Estado enfrente una racionalización en la gestión pública, que rebasaría el redimensionamiento del sector presupuestado del país.
En lo referido al desarrollo de la política social resulta indispensable atender con urgencia el deterioro que se observa en las condiciones que enfrentan los servicios sociales básicos de la población. Al respecto no parece haberse realizado una valoración de cómo se define la condición de vulnerabilidad de la población y –en consecuencia–, qué recursos se requieren para ello, especialmente con las personas que demandan asistencia social y una parte de los pensionados de la seguridad social.
Por último, en lo relativo al enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y la indisciplina social se brindaron unas pocas cifras que no transmiten la idea de la magnitud del problema que enfrentamos y –en consecuencia– qué debe hacerse para avanzar en este enfrentamiento con la participación de toda la población.
Adicionalmente, en la intervención del Ministro de Economía en la última Sesión de la ANPP, el mismo añadió algunos elementos de importancia, que no deben dejarse fuera de las prioridades para la gestión económica durante el segundo semestre de este año. Estos elementos fueron los siguientes.
1.- Posponer las inversiones no imprescindibles para alcanzar impactos a corto plazo para enfrentar las necesidades más urgentes de la economía.
2.- Asegurar la sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional y las fuentes de energía renovables.
3.- Concluir los ajustes del Plan y el Presupuesto de 2024, tomando en cuenta las decisiones adoptadas.
En esencia, para alcanzar los objetivos previstos es indispensable concentrar los recursos y el esfuerzo en lo estratégicamente fundamental, cambiando todo lo que resulte necesario.
El sentido de la urgencia resulta igualmente esencial en las actuales circunstancias, por lo que corresponde destacar aquellas medidas que deben responder a lo más urgente.
1.- Aplicar gradualmente el Plan de Estabilización Macroeconómica (PEM) partiendo de su divulgación y discusión con la población para lograr el consenso indispensable en su apoyo. Como primera prioridad dentro del PEM debe implementarse un Programa Emergente Anti Inflacionario, el que debe contemplar como su eje central, la reducción del déficit presupuestario, no solo mediante el aumento de precios o impuestos, sino también mediante la disminución de los gastos, incluyendo la racionalización de subsidios a productos y su sustitución por subsidios a personas, la venta de bonos de deuda pública a personas naturales y jurídicas, a tasas de interés estimulantes; asegurar el abastecimiento del mercado minorista y mayorista en MLC a través de su autofinanciamiento; reestructurar el mercado cambiario para transitar –gradualmente– a la participación en el mismo de todos los actores económicos y personas naturales, hasta alcanzar –por etapas– una tasa de cambio única.
2.- Lograr un flujo financiero externo creciente, restaurando –ante todo– los vínculos con nuestros socios mediante fórmulas flexibles, que reactiven pagos de la deuda vencida y no pagada, al tiempo que se negocie –sobre nuevas bases– la inversión extranjera directa y se concentre el plan de inversiones estrictamente en objetivos de la más alta prioridad y –sobre todo– de rápida recuperación. Con los recursos que así se obtengan, asegurar los fondos indispensables para sostener y elevar la exportación de bienes y servicios y sustituir importaciones, utilizando casas financieras no bancarias para ello. Paralelamente a lo anterior, se puede aumentar la captación de remesas mediante la creación de fondos de inversión con destino específico, y patrocinio estatal, que facilite la solución de problemas como la construcción de viviendas, escuelas, centros comunitarios para el desarrollo local, entre otras posibilidades.
3.- Incrementar la oferta de alimentos a la población, asegurando un esquema de autofinanciamiento de divisas –mediante un ciclo cerrado- sobre la base de las exportaciones agroindustriales, lo que debe permitir la obtención de un mínimo de recursos para la producción nacional de alimentos y la sustitución de las importaciones, bajo las condiciones previstas en el punto anterior. A este esfuerzo central, deberá corresponder el impulso a las producciones de alimentos que puedan sustentarse económicamente en el municipio.
4.- Estabilizar la situación energética del país mediante la obtención de los recursos energéticos indispensables para la generación de electricidad y la operación del transporte en el país, impulsando su electrificación gradual con fuentes renovables de energía. Desarrollar la producción de petróleo mediante proyectos de asociación con el capital extranjero e impulsar el desarrollo de las fuentes renovables de energía mediante la emisión de “Bonos Verdes”.
5.- Todo esto demanda finalmente, un proceso de comunicación social que asegure la inclusión de todos los actores económicos y de la población en la gestión económica y social del país. Para ello será necesario explicar detalladamente cómo puede alcanzarse el resultado previsto de las medidas que se promueven, así como los objetivos que se persiguen y cómo lograrlos, contando con la participación de los especialistas que manejan los complejos temas que enfrentamos y también con los medios masivos de comunicación. Esta tarea resulta de la mayor importancia, tomando en cuenta las campañas que se desarrollan contra Cuba en las redes sociales y que es preciso enfrentar con todos los argumentos de que se dispone.
[164] Esa percepción se apoya en que la base de ponderación de los diferentes mercados que su utiliza por la ONEI es el año 2010, situación que ha cambiado sustancialmente a la altura del 2022 y el 2023. Ver la nota metodológica del IPC en ONEI (2024)
[165] Ver ONEI (2024).
[166] Ver United Nations (2024)
[167] Otras partidas que presentaron aumentos superiores fue la de alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció un 35.34%, en comparación con el mismo período del 2023 y el transporte con 35.84%. Ver On Cuba (2024) y ONEI (2024d).
[168] Estimado del autor a base de diversas fuentes.
[169] Al respecto se ha señalado por varios especialistas que esta disminución en la demanda de dólares puede deberse a la expectativa de recibir mayores remesas, a la posibilidad de obtener créditos para el sector no estatal a partir de medidas adoptadas por el gobierno de Biden este año para favorecer el sector privado y también a la imposibilidad de adquirir la moneda convertible a precios que no resultan soportables para pequeños negocios, entre otros posibles factores a considerar. No obstante, se requieren otros estudios que profundicen en el estudio del sistema monetario informal cubano.
[170] Se estima que esa cifra se concentra en alrededor del 10% de la población.
[171] Ver CANAL CARIBE (2024).
[172] Ver Granma Digital (2023) y Juventud Rebelde (2024a).
[173] Ver CANAL CARIBE (2024a)
[174] Ver BCC (2023)
[175] La emisión de Bonos Soberanos de la República de Cuba se contempla en la ley del Presupuesto del 2024, pero solo para la venta al BCC con vistas a obtener financiamiento para cubrir el déficit fiscal, por lo que estos bonos no se cotizan en el mercado financiero al no poderse vender a otras entidades o personas naturales. Esto constituye un potencial no aprovechado en estos momentos, que deberá revisarse.
[176] Sobre este tema puede ampliarse el análisis en Lage y Cruz (2022).
[177] Ver Gaceta Oficial (2024).
[178] Este cálculo –al parecer– se basa en el nivel de las importaciones que ha realizado el sector no estatal de la economía y deberá revisarse ulteriormente para comprobar su validez.
[179] También puede verse el análisis sobre esta experiencia realizado por Vidal (2023).
[180] Las exportaciones del sector no estatal resultaron muy bajas, en 2023, aunque las importaciones alcanzaron alrededor de $1 000 millones de dólares.
[181] Ver Granma (2023).
[182] Ver visión externa en IPS 2024
[183] Se ha señalado que en esta cifra se han registrado errores contables.