La compleja situación internacional que hoy existe impone costos adicionales, y muy fuertes, a la economía cubana, que la han llevado a funcionar como una economía de guerra. Se hace muy difícil elevar la eficiencia de la producción y los servicios, lo cual ha retrasado la recuperación económica. Por tanto, resulta indispensable aplicar medidas adicionales y urgentes con vistas a reimpulsarla.

Al respecto, no debemos pasar por alto que, a los factores económicos externos, se sumó la irrupción de la covid-19 desde 2020.

En esta lucha por la vida, la experiencia demostró que, solo mediante la vacunación masiva de las personas –que ya alcanza alrededor del 90 % de la población cubana–, que incluye varias dosis de refuerzo, es posible frenar la enfermedad, retornar a la normalidad y sostenerla.

En este sentido, queda mucho por escribir sobre la heroicidad de nuestros científicos y personal médico, quienes en medio de un bloqueo acrecentado en el momento más álgido de la pandemia, pudieron –en apenas unos meses– crear las vacunas que salvaron a nuestro pueblo de una enorme catástrofe humanitaria.

La evolución de la economía en 2023 se agravó de forma notable, reflejando fuertes impactos externos, a lo que se añadió el efecto de un grupo de medidas que no dieron los resultados esperados. Esto ya se venía apreciando en crecimientos de 1,3 % en 2021 y 1,8 % en 2022, hasta una caída estimada entre 1 y 2 % el pasado año.

Sin embargo, estas cifras macroeconómicas no siempre se correspondieron con datos que reflejan –con igual intensidad– esas dificultades a nivel de distintas ramas o sectores de la economía.

Así, por ejemplo, las empresas estatales con pérdidas en 2023 fueron 338 –un 13,4 % del total–, frente a 477 el año anterior, para una reducción del 29,1 %.

Sobre los ingresos de los trabajadores, el salario medio de las empresas del Estado creció hasta 4 856 pesos en el primer semestre del año, un incremento del 15,1 %, mientras que el 26 % de las empresas fueron autorizadas a fijar salarios de forma flexible, lo que benefició con ingresos superiores al 37 % de los trabajadores.

Ciertamente, se trata de una evolución positiva, aunque se puede argumentar que estos incrementos no compensaron el aumento del Índice de Precios al Consumidor, que –como promedio– alcanzaba, al cierre del primer semestre de 2023, un incremento de alrededor del 45 % sobre igual periodo del año precedente, evidenciando un mayor deterioro en el poder de compra del salario.

Por otro lado, también se observaron modestos avances en indicadores de gestión de las empresas estatales, tales como un incremento del 8 % en las ventas netas, y del 25 % de las utilidades, lográndose una rentabilidad por peso de venta de 16 centavos, sobre 14 en 2022.

En el contexto nacional, las llamadas formas de gestión no estatal computan algo más del 15 % en la creación del Producto Interno Bruto (PIB), y cubren alrededor del 35 % del empleo del país.

 

NUEVOS RETOS

Al mismo tiempo, se registraron 685 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con pérdidas en su gestión, lo que representó, al cierre del año, un 7,2 % del total.

Estos llamados nuevos actores económicos, que incluyen el sector privado, cooperativo y mixto, tuvieron una significativa expansión en 2023, cuando llegaron a una cifra superior a 10 000 emprendimientos solamente en el caso de las mipymes, a las que se añadió un número menor de cooperativas no agropecuarias.

Estos actores desarrollan sus actividades, principalmente, en gastronomía y alojamiento (22,1 %), los que –según algunos estudios– muestran la mayor rentabilidad; la construcción (19,5 %); la industria manufacturera (18,4 %) y la producción industrial de alimentos y bebidas (12,7 %).

También han desarrollado actividades de comercio exterior, y en 2023 realizaron importaciones por encima de mil millones de dólares, pero no se han desarrollado con la misma fuerza las exportaciones, que no llegaron a 200 millones, un 0,2 % del total exportado por el país el pasado año.

Muchas de estas empresas desarrollan también una actividad comercial, lo que permite una rotación más rápida del capital invertido, con menos dificultades operativas.

Además, cuentan –buena parte de ellas– con financiamiento externo por la vía de las remesas, y compiten ventajosamente con el Estado en segmentos del mercado en los que la empresa estatal no está presente.

Igualmente, se estima que han creado unos 183 000 nuevos empleos con una remuneración –en general– superior al sector estatal, lo que está incidiendo en la emigración de la fuerza de trabajo hacia el segmento no estatal de la economía.

Los resultados de la actuación de los nuevos actores económicos, hasta el momento, no se han apreciado favorablemente por una parte de la población, que, si bien observa una elevación de la oferta de bienes y servicios, estos se venden a precios superiores a la capacidad de compra de la mayoría.

El posible encadenamiento productivo con el sector estatal, para lograr un impacto directo en la producción de alimentos y otros bienes de consumo, está por lograrse aún, y dependerá en buena medida de las acciones que se implementen por el Estado para incentivar, adecuadamente, a las empresas estatales y al sector privado y cooperativo –que incluye actualmente también a unos 596 000 trabajadores por cuenta propia–, con vistas a satisfacer nuestras necesidades.

En una mirada al potencial de desarrollo del país, destacan las inversiones. Si se examina su volumen en los últimos años, se observa que el esfuerzo inversionista se ubica en una proporción algo menor del 10 % del PIB, cuando los análisis, a mediados del pasado decenio, planteaban que, para alcanzar un crecimiento del 5 % anual, era preciso invertir el 25 %, con un volumen de inversión extranjera directa de unos 2 000 a 2 500 millones de dólares anualmente.

En la actual coyuntura resulta clave la orientación de la política inversionista hacia sectores o actividades que determinan en lo inmediato la recuperación de la economía. En tal sentido, entre enero y septiembre de 2023, sectores como la agricultura absorbieron solamente el 2,8 % del total invertido, mientras que la industria azucarera recibió el 0,5 %. Esta desproporción es preciso eliminarla, si se quiere avanzar en la producción de alimentos y en la del azúcar.

De igual modo, parece indispensable incrementar las inversiones referidas al suministro de electricidad, gas y agua –que recibió un 10,8 % del total invertido–, especialmente como parte de la necesaria estabilidad energética que el país demanda.

En la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue informado el nivel de afectación que sufrió la economía por falta de insumos indispensables, tales como el combustible diésel, que solo alcanzó el 34 % de la demanda, lo cual afectó fuertemente a sectores como la agricultura, la industria azucarera, el transporte y la generación eléctrica en el país.

De este modo, en 2023 se reportaron descensos continuados en sectores claves como la producción de alimentos, incluyendo viandas, maíz, carne de cerdo, leche y huevos.

Vale destacar que –con relación a 2019– se acumularon descensos del 81 % en la producción de arroz, 61 % en la producción de huevos y 49 % en la de leche, entre los productos que sufrieron los mayores impactos.

Corresponderá ahora evaluar cuáles serán las direcciones principales en las que debemos concentrar los recursos, y qué decisiones resultarán más efectivas para enfrentar el año 2024.

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