Las complejas condiciones de la economía cubana, más allá del bloqueo norteamericano iniciado en 1960 con la supresión de la cuota azucarera y las premisas para agudizarlo en el informe memorándum del 6 de abril de 1960 de Lester Mallory, tuvieron su clímax durante la crisis del “período especial” y alcanzaron niveles máximos entre el 1993 y 1994 del pasado siglo.
En este 2024 se cumplen 30 años de la implementación de un conjunto de medidas para, en aquel momento, revertir los efectos más graves de la situación.
Cuando se dice pasado siglo, parece que ocurrió hace mucho tiempo, pero los que vivimos aquella etapa siendo adolescentes o adultos, la tenemos muy presente, parece que fue ayer, y cada día nos acordamos más porque la actual situación parece mucho más compleja.
En 1993, el país había dejado de percibir 450 millones de dólares por la caída de la producción azucarera, pues sólo se produjeron 4 millones 280 mil toneladas.
Si comparamos esta cifra con la actual zafra, en la que se calcula producir 500 mil toneladas cuando el precio del azúcar en el mercado internacional es mejor que en aquel entonces, estaríamos hablando de dejar de percibir casi 3 mil millones de dólares. Lo cual evidencia que la industria azucarera, la locomotora de la economía cubana desde la época de la colonia, ha ido de mal en peor.
En el “período especial” habían disminuido los precios para las exportaciones de níquel, camarones, langostas y otros rubros. Ahora el proceso inflacionario que atraviesa la economía mundial después de la crisis iniciada en 2019 y los efectos de la pandemia de COVID, ha condicionado su aumento en el mercado internacional, pero no producimos ni lo necesario, ni lo suficiente.
Ante aquella coyuntura se diseñaron un grupo de medidas para resolver la compleja situación que se presentó en el escenario económico nacional. Comenzó a materializarse así una estrategia económica dirigida a avanzar en la recuperación y a enfrentar el impacto de la crisis al menor costo social posible, al mismo tiempo se dieron pasos para reinsertar la economía cubana en las nuevas condiciones, contando con el consenso político necesario para ello. Una premisa fue la de apertura al mercado.
Entonces surgió la necesidad de frenar el desequilibrio financiero reflejado en una tasa de inflación que llegó a un 183 por ciento en 1993. Esta tasa inflacionaria avanzaba hacia un proceso de desmonetización y desorganización total de la actividad económica, por lo que era urgente detenerla.
Se analizaron propuestas de medidas económicas con el pueblo desde la Asamblea Nacional, lo que se conoció como los Parlamentos Obreros, y en mayo de 1994 se aprobaron, como resultado de estas discusiones colectivas, un programa antiinflacionario que incluía reducir el subsidio por pérdidas a las empresas y otros gastos presupuestarios, fundamentalmente en la administración pública; incrementar los ingresos fiscales; controlar la circulación de divisas; introducir mecanismos de estímulos en divisas para el personal que trabajaba en sectores estratégicos. Se redujeron de 50 a 30 ministerios como parte de la racionalización del gasto de la Administración Central del Estado y en los que quedaron, se redujo en más de un 50 por ciento las plantillas.
En el verano de 1994 se complementó aquel paquete de medidas con otras que incluían la Ley 73, con un nuevo sistema impositivo; la creación del peso cubano convertible, el popular CUC, como moneda de tránsito entre la divisa convertible y el peso cubano; la ley 77 para la inversión extranjera; el sistema de perfeccionamiento empresarial antecedido por un proceso de redimensionamiento empresarial que permitió su reorganización gradual.
¿Por qué hago toda esta resumida historia? La experiencia del enfrentamiento a la crisis del “periodo especial” puso de manifiesto la importancia de la integralidad de las medidas adoptadas, así como de su secuencia, la participación del pueblo en el debate y la necesidad del consenso político.
Se colocó en primer plano el enfrentamiento a la inflación, seguida del estímulo a las producciones más importantes, el ordenamiento de la dolarización parcial de la economía y la regulación de los flujos de monedas en manos de la población. Todo esto condicionó que en dos o tres años se saliera de la etapa de recesión de la crisis y la curva comenzara a ascender.
Esa experiencia debemos tenerla en cuenta hoy, cuando la situación se torna cada día más compleja y las implicaciones en lo político y lo ideológico hacen meya en la estructura económico social del país.
Es imprescindible transformar una economía donde se acelera la inflación y no la producción de bienes y servicios.
Al cierre de marzo el crecimiento de la inflación fue de un 33,7 por ciento, según informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) mientras que según cifras en el mercado informal alcanzó un 500 por ciento, dado fundamentalmente por el alza de la tasa de cambio del dólar.
Mercado y flujo financiero que se legaliza desde los nuevos actores económicos, fundamentalmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que importan bienes usando como recurso financiero el dólar adquirido en el mercado informal a altos precios.
El índice de precios al consumidor por su parte creció un 54,8 por ciento. Este sí es un mal que acongoja a toda la población, ese crecimiento, resultado de la inflación, hace que el valor de compra del salario nominal sea efímero.
El mayor incremento corresponde a los sectores del transporte, los alimentos, la energía. De ahí la necesidad de retomar las experiencias del periodo especial.
La prioridad debe ser el enfrentamiento a la inflación, pero no desde el llamado político a bajar los precios, se requieren medidas concretas en el orden económico que conduzcan a detener y luego hacer retroceder la tasa inflacionaria.
Hay que estimular e invertir en las producciones más importantes que conduzcan en el corto plazo al incremento de bienes y servicios en el comercio, es imprescindible incrementar las inversiones en la producción de alimentos, la energía y el cambio de matriz energética. Hacia estos dos sectores en los últimos 6 o 7 años solo se han dirigido entre el 4 y el 7 por ciento de las inversiones respectivamente.
Es indispensable reordenar el flujo de divisas y ordenar de otra forma el proceso de dolarización de la economía. Con independencia de la necesidad de entrada de divisas a la economía nacional, no se puede seguir sustentando el comercio minorista y la economía doméstica en una economía dolarizada, sobre todo cuando es el mercado especulativo ilegal quien rectorea y tiene las riendas en el espectro financiero interno.
Sobre cómo hacerlo, aquella historia del periodo especial también nos dejó lecciones: Los parlamentos obreros, la discusión del problema y la oportunidad de escuchar, procesar y asumir numerosas propuestas, la participación colectiva en el análisis y la toma de decisiones; y lo que se puede hacer desde lo local, desde la empresa, desde lo individual, todo eso forma parte del cómo.
Si queremos apostar a la transformación, a detener esta etapa de recesión que ya abarca 5 años y no se ve su curva de inicio del ascenso, tenemos que evaluar todas las alternativas y ponerlas en práctica. Se agota el tiempo.