La lucha de los países en desarrollo contra las medidas de presión económica que aplican las potencias capitalistas ha alcanzado en los últimos años progresos tan importantes como la creciente proscripción de este tipo de represalias en el ámbito de la comunidad internacional organizada.

Entre los logros más recientes en esta materia se destaca el obtenido en la Segunda Comisión de la Asamblea General de la ONU, cuando en noviembre pasado se adoptó la Resolución que condena el empleo de medidas económicas unilaterales como instrumento de coerción política y económica contra los países de menor desarrollo.

El texto aprobado determina que ningún Estado “puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos”.

Asimismo, exhorta a la comunidad internacional a que condene y rechace la imposición de tales medidas y solicita que se adopten disposiciones urgentes y eficaces para impedir su aplicación.

La trascendencia de este pronunciamiento, cuyo debate  había sido postergado en reiteradas ocasiones debido a su carácter polémico, quedó patentizada en los resultados de la votación, donde 119 países apoyaron el documento, seis votaron en contra y 47 se abstuvieron.

El Consejo de Seguridad como árbitro supremo

La controversia en torno a las represalias económicas se ha sostenido a lo largo de los años como consecuencia de la política de fuerza que practican los países ricos, porque desde el punto de vista del Derecho Internacional no cabe la menor duda sobre la ilegalidad de estos procedimientos.

Al respecto, la Carta de Naciones Unidas establece claramente en su artículo 39 que el único órgano facultado para imponer alguna medida coercitiva es el Consejo de Seguridad.

Más adelante señala que cuando una medida de este tipo proviene de un órgano regional de la propia ONU, la misma debe contar con la autorización del Consejo de Seguridad para que pueda ser aplicada.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos acordó en el año 2014 la creación del mandato de un Relator Especial para investigar la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el cumplimiento de las garantías individuales.

“Las medidas y la legislación coercitivas unilaterales –afirmó el Consejo- son contrarias al Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados”.

En marzo de 2020, la jurista bielorrusa Alena Douhan  tomó posesión del cargo de Relatora Especial sobre el impacto negativo de las acciones coercitivas en el disfrute de los derechos humanos.

Al año siguiente, Douhan visitó Venezuela al frente de una misión de expertos encargados de verificar la situación de los derechos humanos en ese país sudamericano, comprobando el “efecto devastador” de las sanciones unilaterales impuestas desde 2005 por el gobierno de Estados Unidos.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50 por ciento del consumo de alimentos en la nación bolivariana, han provocado el incremento constante de la malnutrición en los últimos seis años -constata el informe-, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave.

En el orden financiero, el monto de los activos venezolanos que se hallan congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, sin que puedan ser utilizados por su titular, ya sobrepasa los seis mil millones de dólares.

Respecto a los salarios que percibe la población con empleo en el sector público se han reducido de un promedio entre 150 y 500 dólares al mes en el 2015 a entre uno y 10 dólares en el 2020.

 La ONU repudia el  bloqueo contra Cuba  

Desde 1960, en el segundo año del Gobierno Revolucionario al frente de los destinos de Cuba, la política de Estados Unidos ha estado dirigida a rendir por hambre y enfermedades a la población de la Mayor de las Antillas.

Así lo propuso al presidente Dwight D Eisenhower el subsecretario de Estado, Lester P. Mallory, quien sostenía que mediante el bloqueo económico, comercial y financiero se derrumbaría el comunismo en la isla y en su lugar se  instauraría un régimen subordinado a los intereses de Estados Unidos..

Sin embargo, la aplicación de esta estrategia coercitiva unilateral no dio el resultado esperado y la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA) lo reconoció desde la década de 1980, según consta en un informe en el que afirmó que “el embargo comercial no ha cumplido ninguno de sus objetivos”.

Los “tanques pensantes” de Washington subestimaron la capacidad de resistencia del pueblo cubano frente a las adversidades causadas por lo que ellos llaman el “embargo comercial” y una de las consecuencia de este error radica en el creciente aislamiento diplomático que  aqueja a Estados Unidos en las relaciones internacionales.

Desde 1992, la Delegación de Cuba obtiene anualmente una abrumadora mayoría de votos, en la Asamblea General de la ONU, a favor de su proyecto de Resolución que demanda el cese del bloqueo económico, comercial y financiero que mantienen las sucesivas administraciones norteamericanas.

Los diplomáticos de Washington han intentado desvirtuar los efectos dañinos que esta medida significa para Cuba, pero las estadísticas oficiales de la Mayor de las Antillas demuestran que las pérdidas causadas a lo largo de los 60 años cumplidos desde su implantación por el presidente John .Kennedy superan los 144 mil millones de dólares, calculados a precios corrientes.

El bloqueo está catalogado como el mayor obstáculo que afronta Cuba en los esfuerzos por alcanzar mejores condiciones de vida. No obstante, el Informe que anualmente publica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reportó en su última edición que en 2021 el índice de desarrollo humano subió en la isla a 0.783, lo que la sitúa en el puesto número 70, correspondiente a los países de desarrollo humano alto.

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