La primera Ley de Comunicación Social de Cuba constituye un instrumento de inclusión y defensa de los derechos de la ciudadanía, analizaron hoy directivos de organizaciones del sector en el país, en el espacio televisivo Mesa Redonda.

La publicación la víspera de la citada ley y sus reglamentos equivalentes, devino colofón de un largo proceso legislativo y de debates en los ámbitos organizacionales, mediáticos y comunitarios, explicó el vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), Onelio Corderí.

Unos 17 derechos consagrados en la carta magna del país se asocian directamente a procesos comunicacionales, aseveró Corderí, quien resaltó, además, la congruencia de esa norma con decenas de políticas públicas aprobadas.

Informó que la Ley -que entrará en vigor dentro de cuatro meses- reclama procesos de información y comunicación más transparentes y participativos, así como la introducción de reglamentaciones que la favorezcan en todos los organismos del Estado.

La isla caribeña ha tenido una visión estrictamente mediática de los procesos comunicacionales y la ley visualiza el ámbito de las organizaciones y sus diferentes públicos, lo que incluye a la ciudadanía, apuntó por su parte la presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), Rosa María Pérez.

En esa línea, la comunicación es transversal a toda la sociedad y la ley cubana defiende también su impacto en los ámbitos comunitarios y de los medios de difusión en una estrecha sinergia participativa, explicó la titular de la ACCS.

El presidente de la Unión de Periodista de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo, destacó la novedad para el sistema de medios públicos de disponer de “una sombrilla legal” que permitirá avanzar en la solución de los problemas estructurales de la prensa cubana.

Por primera vez los medios de comunicación cuentan con un instrumento legal que regula la actuación de la prensa, pero también exige el derecho a la información pública y propicia la participación del ciudadano en la agenda mediática, apuntó Ronquillo.

Belkis Pérez, presidenta del IICS expuso que existen estructuras en todo el país para instrumentar la normativa y realizan programas de capacitación con directivos del nuevo organismo y otros actores sociales.

Mencionó Pérez Cruz la existencia de unas 15 acciones formativas para desarrollar competencias comunicativas en la ciudadanía, las instituciones, los centros de enseñanzas y todos los actores económicos, en busca de elevar la cultura comunicacional del país.

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