Ninguna sociedad vive a la buena de Dios; por ello, toda norma jurídica regula, establece límites. La Ley de Comunicación Social, aprobada el 25 de mayo por la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, no es la excepción. De ahí, su valía como primer muro de contención para evitar el desparpajo en un área estratégica en cualquier país.

Sin embargo, la mayor resonancia del texto debiera verse en que constituye un nicho conceptual y catalizador de las potencialidades para el desarrollo de la Comunicación Social en los tres ámbitos definidos por el documento jurídico: el organizacional, el mediático y el comunitario.

Y después de aprobada la ley, ¿qué? Sobreviene el desafío principal: su implementación. La inquietud se alinea al criterio de cubanos y cubanas de la necesidad de un seguimiento más efectivo a las leyes suscritas por el Parlamento.

Lógico también sería que, por encima del escepticismo, cada estructura organizativa y cada persona, como componente del Sistema de Comunicación Social, hiciese lo posible y lo imposible para que este funcione con eficacia y no sea una entelequia, un ensueño vertido sobre el papel por los expertos a cargo de la redacción de la disposición jurídica.

Y la disección la emprendemos por casa: el ámbito mediático. A pocas semanas de la celebración del XI Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), previsto a sesionar en julio venidero, el gremio pondera la norma legislativa, enlazada a la Carta Magna, que reconoce el derecho de las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la generada en los órganos y entidades, por supuesto, conforme a las regulaciones establecidas.

Si antes los periodistas sabíamos la trascendencia que podía tener en las audiencias cada línea escrita o expresada, en lo adelante habrá que calibrar mucho mejor cada palabra, cada letra, a raíz del derecho —expuesto en la ley— que les asiste a las personas naturales y jurídicas a interesar la rectificación o aclaración de hechos y conceptos referidos en los contenidos, cuando estas se consideren injustamente afectadas por publicaciones divulgadas a través de los medios de comunicación social u otra vía que facilite su conocimiento público.

De un lado, este derecho; del otro, la obligación de las instituciones mediáticas de responder las reclamaciones, y de asumir la reparación pública en el orden material o moral, de las personas naturales y jurídicas que la reclamen en el ámbito administrativo o judicial, si así se decide en el proceso correspondiente.

Comprensiblemente, tales enunciados dispararon las opiniones dentro del gremio periodístico, y la muestra está en el debate suscitado alrededor del asunto en nuestra Redacción de Escambray.

Lo que con anterioridad asumíamos por práctica, al entrar en vigor el texto jurídico tendremos que conservar las informaciones y los programas publicados, al constituir, igualmente, una obligación facilitarlos a quienes se consideren injustamente afectados por estos contenidos, para su presentación como evidencia en las reclamaciones y los procesos administrativos y judiciales promovidos.

¿Que la Ley de Comunicación Social lo establezca así, debe redundar en un ejercicio periodístico mucho más responsable? El sano juicio indica que sí. No obstante, habría que permanecer alerta ante el posible efecto retardatorio en la práctica profesional, que pudiera constatarse en una cierta reducción en la publicación de productos comunicativos que aborden ángulos de la compleja realidad cubana de hoy, desde una posición problematizadora y constructiva.

Esa reacción sería, de por sí, éticamente contraproducente en tiempos en que el sistema de medios públicos debe avanzar en su rol de contrapeso como parte del control social y popular, reclamo referido en la convocatoria del próximo congreso de la UPEC.

Y la propia ley no coarta, al contrario, habilita, desde su articulado, esa función de contrapeso en la sociedad, al asignarles a los medios fundamentales de comunicación social, entre otras, la responsabilidad de garantizar en su gestión el reflejo crítico de la realidad y el ejercicio de la opinión sobre la base de la investigación y el análisis responsable.

Además de privilegiar en sus agendas los contenidos que respondan a los intereses y prioridades de la nación, los medios tienen el encargo de hacerlo con las necesidades comunicativas de las audiencias, ante todo, por mandato legal.

La práctica ha verificado que, con más aciertos que deslices, hemos correspondido con el primero de estos cometidos. Sin embargo, la misma práctica nos dice a la cara que resta muchísimo para satisfacer las demandas informativas de los públicos.

Dicha deuda, que lacera la credibilidad y la autoridad social de la prensa pública cubana, está condicionada por dos factores básicos, sin desconocer otros: por un lado, cierta inercia periodística y falta de liderazgo en la gestión editorial, visibles en parte de nuestros medios y, por otro, la no interiorización por directivos y funcionarios en todos los niveles de que la información es un bien público, un recurso estratégico de dirección y un pilar en la gestión de Gobierno, a pesar de lo avanzado en relación con el período precedente al X Congreso de la UPEC.

¿Por qué, en ocasiones, al ocurrir sucesos de alto impacto en la ciudadanía —muchas veces manipulados en las redes sociales con segundas y terceras intenciones para plantar el desaliento y el descrédito hacia la institucionalidad— no todos los medios de comunicación reaccionan de forma inmediata y oportuna? ¿Por qué frente a esos acontecimientos también brota la desidia de determinados organismos y entidades, sin hablar de las notas informativas, que, lejos de esclarecer, le echan más leña al fuego de la desinformación?

Y ahora, cuando veamos cerrados los caminos, es decir, cuando la solicitud de una información a los sujetos obligados a brindarla resulte omitida o denegada, se puede reclamar de acuerdo con lo legislado.

Que la ley lo disponga literalmente deviene espaldarazo al ejercicio periodístico, a sabiendas de que “toca a la prensa contar primero, y responsablemente, cada información sensible para el pueblo”. Las palabras del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la última sesión extraordinaria del Parlamento, deben erigirse en carta de navegación para todo el Sistema de Comunicación Social, en el inmenso océano de necesidades comunicativas insatisfechas de los públicos, a la postre, nuestros jueces y abogados de cabecera.

(Tomado de Escambray)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

diecinueve − siete =