El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llevado a cabo uno de sus proyectos más importantes: “La Ley de Reducción de la Inflación”, que fue aprobado por la Cámara de representantes gracias a los votos de los demócratas.
Después de varias discusiones, de idas y venidas, se llegó aprobar con el acuerdo de todo el Congreso. Esta Ley, según expertos, tiene más un objetivo político que económico y tiene como meta disminuir la inflación por la que atraviesa la primera potencia mundial. Acontece cuando el alza de los precios ha tocado techo.
Esta Ley, de momento, no va a tener un impacto significativo sobre los precios a corto plazo, sin embargo, desde el punto de vista político, es una estrategia que sirve para dar una mayor credibilidad y apoyo a los demócratas en vísperas de la elecciones del próximo 8 de noviembre.
Son muchos los problemas a resolver en Estados Unidos, pero los que más han golpeado en los últimos meses son el precio de la gasolina y el elevado Índice de Precio del Consumidor (IPC) que está pesando sobre la economía norteamericana en general, pero, sobre todo, recae en gran medida sobre la economía doméstica norteamericana.
Los puntos estratégicos y beneficios fundamentales que debe alcanzar esta Ley son:
- Incentivos a las energías renovables,
- Subidas de impuestos a las grandes empresas (en aras de oxígenar el fisco para que se revierta en aumentar el gasto público),
- Rebaja de los costos médicos,
- Fomentar las energías verdes con cerca de 370.000 millones de dólares (con el objetivo de reducir en un 40% para 2030).
Dentro de estos puntos estratégicos a alcanzar, una de las que más se destaca es el “Medicare”, el seguro público de las personas mayores de 65 años, pues se basa en que las mismas no pagarán más de 2000 dólares anuales en fármacos y esto irá en beneficio de aquellos con enfermedades crónicas y graves.
A lo anterior se suma que las grandes empresas farmacéuticas y el Medicare puedan negociar directamente, lo que conllevará a una reducción de los precios de los medicamentos, aunque ello no entrará en vigor hasta el año 2026.
Esta Ley espera recaudar en un período de 10 años unos 430 000 millones de dólares, para alcanzar unos 740 000 millones, teniendo en cuenta que son estimaciones.
Para llegar a ese ambicioso objetivo se realizará una reforma fiscal para grandes empresas, donde se establece un impuesto mínimo de 15% para las megaempresas que tengan ganancias de más 1 000 millones de dólares.
También se gravará una tasa del 1% a las recompras de acciones propias, donde recaudará el gobierno unos 55 000 millones de dólares en 10 años, sobre todo en beneficio del cambio climático, al poder comprar carros eléctricos entre otras acciones.
Posibles riesgos con este Proyecto de Ley, según mi criterio:
- La inyección de gran cantidad de dinero en la economía, por el Gobierno, puede provocar más inflación, creando un círculo vicioso del que sería muy dificil salir. (En este caso lo que se quería lograr de disminuir la inflación, puede tener el efecto contrario).
- El aumento de impuestos a las grandes empresas, probablemente provoque un alza de los precios de sus productos nacionales como respuesta compensatoria.
- La fuga de empresas y capital para invertir en el exterior podría ser la respuesta de las empresas nacionales al aumento de los impuestos, provocando un desbalance en el sistema empresarial norteamericano.
De lo anterior se deduce que puede haber una exportación de la inflación norteamericana a los demás países. Consecuencia negativa sobre todo para los latinoamericanos.
Es prematuro sacar conclusiones anticipadas de lo que pueda ser acertado o errado con esta nueva Ley, lo cierto es que vislumbra beneficios sociales, pero también posibles riesgos económicos.
Dr. Ernesché Rodríguez Asien.
