Todos los contratos ya establecidos deben actualizarse a partir de este lunes, con lo dispuesto en la Resolución 209/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios

Este lunes entra en vigor la Resolución 209/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios que establece la regulación del límite de ganancia en las compras del sector estatal al sector no estatal.

Vladimir Regueiro Ale, titular del sector, explicó a Granma que, con esta norma, se logra un mayor alcance en un proceso que empezó, desde el año anterior, con la emisión de la Resolución 148, al establecer márgenes de utilidad del sector estatal, incluso, inferiores los que se reconocen con esta Resolución.

Agregó que la entidad tiene el primer nivel de control en la relación contractual, y es responsable del presupuesto asignado.

Luego, reconoció, existen mecanismos –que no se han practicado en la generalidad de los casos– como los comités de contratación, la evaluación en órganos colegiados de las mejores ofertas, la licitación de estas para la adquisición de los bienes y productos, los equipos económicos contables, los sistemas de auditoría de los grupos empresariales y las verificaciones presupuestarias que se realizan, a nivel de direcciones provinciales y municipales de Finanzas y Precios, del propio presupuesto, y los organismos de la Administración Central del Estado.

Agregó que un requisito para establecer una relación contractual es mostrar la ficha de precio –actualizada en la Resolución 148– del producto para contratar, en la que deben estar expuestos de forma apropiada todos los costos y gastos en los que se incurren y, sobre ello, la evaluación de un margen de ganancia hasta el 30 %.

Destacó que se determinó esa cifra porque se deben tomar en cuenta las circunstancias o la demanda del producto, elementos para evaluar en cada territorio, de forma independiente.

De igual forma, precisó, se logra un mayor rendimiento de los recursos de que dispone el sistema empresarial y el presupuestado, «porque en la medida en que ajusten estos precios y sean más racionales, podrán adquirir más bienes y dinamizar más lo que se compra del sector no estatal. Es una norma de complementariedad».

Enfatizó en que todos los contratos ya establecidos deben actualizarse a partir de este lunes, con lo dispuesto en la Resolución.

Regueiro Ale destacó que esta medida también contribuye a la reducción del déficit fiscal y, con ello, de la inyección de dinero sin respaldo a la economía, restando las condiciones para que prolifere la inflación.

Resaltó que «esta no es una norma discriminatoria, se extiende una regulación ya existente en el sector estatal y que pone condiciones de ordenamiento entre este y el no estatal».

Implica, también, un mayor orden en el control contable de todas las operaciones, y alcanzar un registro oportuno de los gastos con la compra de los insumos y su procedencia, aspecto básico para cualquier contrato.

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